El confuso anuncio de la suspensión del negocio del Puerto Quetzal, que según el Ministro de Gobernación será para revisar a fondo la operación, pero según otros funcionarios de gobierno simplemente será para explicar a los trabajadores los términos del contrato y convencerlos de sus bondades, tiene que servir para hacer un análisis más frío y sereno de la cuestión a efecto de determinar no sólo la legalidad de las actuaciones de las autoridades, sino la ética del manejo, aspecto fundamental en la cuestión.

Creemos que la necesidad de ampliar el puerto es evidente y que el Gobierno tiene que encontrar una hoja de ruta en la que se atraiga inversión extranjera. Sin embargo, para que vengan los mejores inversores hace falta que Guatemala se convierta en sitio atractivo para la gente honrada, para los empresarios que creen en el estado de Derecho. Queremos inversionistas y no piratas que vengan a aprovechar las podredumbres de un sistema diseñado para robar. Esa tiene que ser la premisa fundamental de cualquier negocio que se haga para ampliar y mejorar los servicios del puerto y de Guatemala en términos generales.
 
 No se puede alegar que el país afecta y ahuyenta a la inversión extranjera porque se exige que haya transparencia y decencia en los negocios públicos. Por el contrario, nos estamos llenando de gente acostumbrada a sobornar, a violentar la ley y la pacífica convivencia precisamente porque no enmarcamos los procedimientos en normas éticas de transparencia que nos aseguren el respeto al estado de Derecho.
 
 Lo ocurrido con el puerto, donde un grupito de abogados dirigidos por una familiar de los ya célebres señores Alejos hace una norma para preparar el negocio es algo que no se puede permitir en el país. Tenemos que adoptar actitudes de decencia y rectitud que nos aseguren el imperio de la ley.
 
 Con razón ni Pérez Molina ni su partido se han comprometido con la ley de enriquecimiento ilícito, puesto que con comportamientos como el del puerto está demostrado que la transparencia no es parte de su agenda, preocupación que ya habíamos adelantado en algunas ocasiones con base en intuiciones que se han visto plenamente confirmadas ahora con los hechos.
 
 Es tiempo de rectificar, de entender la justicia de las críticas y la razón de los señalamientos que se hacen con interés por mejorar el curso de la gestión pública en el país. Guatemala realmente merece un mejor destino y el mismo no se alcanzará ni se construye violentando el estado de Derecho y haciendo normas ad hoc para encubrir la picardía.

Minutero:
Suspendido el negocio 
debieran buscar otro socio; 
atraer inversionistas 
y no a piratas travestistas