¡Qué descaro! ¡Qué desfachatez! ¡Qué desvergüenza! ¡Qué canallada! y otros calificativos escatológicos propios de lanzar en fétido tugurio, pero inadmisibles de escribir en un diario que se respete a sí mismo y sus lectores, asaltaron mis pensamientos anoche cuando retorné a la casa que habito después de una semana de estar fuera del entorno familiar, al abocarme a la lectura de los diarios impresos para ponerme al día, y de las informaciones publicadas acerca de las repercusiones del pérfido contrato de usufructo que funcionarios de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) otorgaron a favor de la subsidiaria de la compañía de Transporte de Contenedores de Barcelona.
Inicialmente me asombró la forma casi clandestina como se elaboraron los documentos previos a la suscripción de esa disoluta transacción que se firmó, asimismo, bajo la sombra de una sórdida alianza. Luego, quedé estupefacto al leer los antecedentes del bufete del interventor Allan Marroquín y enterarme de las declaraciones el subinterventor Julio Rolando Sandoval y de la abogada Olga Pivaral Alejos, emparentada con la familia Pivaral, uno de cuyos miembros fue ministro de Comunicaciones del presidente Álvaro Colom, otro fue su secretario privado y un tercero presidió el Congreso, y las actuaciones de la notaria Yaraví Morales de León Régil, quien autorizó la escritura.
Esos nombres y otros más de individuos ya conocidos desde la campaña electoral que los llevó al poder, jamás deben ser olvidados, que quizá ahora escapen al débil brazo de la esquiva y acomodaticia justicia; pero llegará el momento en que deberán rendir cuentas de sus actos, porque ya no es posible que cada cuatro años los ciudadanos que aún creen en un sistema dizque democrático representativo, más corrompido que los desagües que pasan por Chinautla, voten por candidatos que prometen hasta la saciedad luchar con los delincuentes enquistados en las instituciones estatales, pero que a la postre pretenden justificar negocios ensombrecidos por la depravación moral.
Con evidente cinismo, los funcionarios de la EPQ llegan al extremo de intentar justificar esa adúltera negociación mediante desplegados de prensa en los matutinos de ayer, afirmando que “no hubo secretividad u opacidad en sus acciones”, y que según el ilustrado criterio de esas autoridades (¿¡!?) y sus asesores, una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, en un caso similar, “no es aplicable” a la EPQ porque es “una entidad estatal, descentralizada y autónoma”. (¡Carajo!)
Esos patriotas defensores de la legalidad y legitimidad de sus bochornosos hechos, arriban a la conclusión de que un simple acuerdo gubernativo disfruta de superioridad jerárquica en la legislación vigente a una resolución del máximo tribunal constitucional, de tal manera que el interventor de la EPQ “Tiene todas las facultades de la Junta Directiva, por lo que todos los actos, contratos y obligaciones que contrajo en representación de Puerto Quetzal, están conforme a Derecho” ¡Hasta dónde desemboca semejante insensatez!
Y ahora resulta que quienes nos oponemos a tan sucio negocio ya no somos calificados de comunistas, ecohistéricos, populistas, o subversivos, sino que se acude al expediente de afirmar que formamos parte de bandas de contrabandistas, narcotraficantes, evasores fiscales y lavadores de dinero.
Se requiere estar sumergido en la estupidez para apoyarse en tan absurdas argucias.
(El pescador Romualdo Tishudo vuelve a citar a Ramón Pérez de Ayala: -Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente).