Varios diputados criticaron la decisión del Interventor de la Portuaria, Allan Marroquín, de modificar la normativa para beneficiar a empresa privada.

La modificación de la norma para dar en usufructo un terreno para la construcción de una terminal de contenedores ha despertado más críticas entre los diputados, quienes no descartan emprender acciones legales contra el Interventor de la Portuaria Quetzal, Allan Marroquín.

“Estamos recabando información, ya llegamos a las primera conclusiones, el lunes estaríamos presentando una denuncia penal al menos por cuatro delitos, uno de ellos es de fraude de ley, por lo que vemos necesario dar las denuncias respectivas”, explicó el presidente de la Comisión por la Transparencia, Amílcar Pop.

En tanto el jefe de bancada de Encuentro por Guatemala, Leonel Lira, manifestó que es lamentable que los funcionarios modifiquen leyes y crean mecanismos para “brincarse  las leyes y hacer las cosas a su estilo y la medida, es preocupante y aberrante que se hayan modificado la normativa para poder ajustar a la medida de una empresa la adjudicación”, explicó el congresista, quien agregó que tienen bajo análisis el tema para establecer si citan al funcionario a la bancada o bien optan por las acciones legales ante los tribunales de justicia.

Las críticas también fueron compartidas por la bancada Lider, agrupación que destapó el contrato de la Portuaria, el subjefe de la agrupación, Leonardo Camey, indicó que varios juristas han coincido en el fraude de ley “se mandó a hacer el reglamento y la empresa para que pudiera darse el usufructo”, recriminó el congresista.

PGN NO CONOCIÓ CONTRATO

Durante una citación a varios funcionarios en la que se esperaba la presencia del Interventor de la Portuaria, Allan Marroquín, quien una vez más se excusó de la reunión. La bancada Lider cuestionó el papel que como el abogado del Estado tuvo la Procuraduría General de la Nación.

Ante esto, el titular de la entidad, Larry Robles, manifestó que la PGN no tuvo conocimiento del expediente ya que nunca llegó a sus manos “Hoy en esta reunión me entregaron copia del contrato, que es un contrato de usufructo oneroso, nosotros vamos a evaluarlo ya que tarde o temprano nos va a llegar la consulta oficial por lo que daremos una opinión objetiva”, resaltó.

Robles dijo que su opinión sobre este contrato la emitirá toda vez sea requerida por el Presidente de la República.

Los diputados criticaron esta situación ya que el hecho que la PGN no tuviera conocimiento despierta más dudas sobre el contrato. Esto, según los parlamentarios, confirma una vez más la ilegalidad por lo que pidieron al Ejecutivo que se rescinda el usufructo a la empresa española.