En un campo pagado con dinero del pueblo, el interventor de la Empresa Portuaria Quetzal la emprende contra los críticos del negocio que él mismo fraguó y autorizó con el respaldo exclusivo del Presidente de la República que lo colocó en ese puesto precisamente por su experiencia en el manejo de contratos con el sector público. El interventor no firma el campo pagado sino que sale a nombre de la Empresa Portuaria, pero ya sabemos que como interventor es la única autoridad de esa entidad y por lo tanto una declaración de la misma es de su exclusiva responsabilidad.

Dice el interventor que algunos inescrupulosos representantes (se ha de referir a diputados, sin duda alguna), han desinformado con base en mentiras propias de sinvergüenzas afirmando que se va a vender, privatizar o concesionar la empresa Portuaria y que quien así lo diga miente, engaña, difama y de manera irresponsable y mediocre desinforma. En realidad no se está concesionando el puerto, sino se ha dado un usufructo para que una empresa española construya la terminal de contenedores, es decir, un puerto especializado que el país necesita, pero para cuya realización se pudo actuar de manera pública y transparente, sin subterfugios para ocultar la negociación a la opinión pública.
 
 Lo que es inaceptable es que ante la crítica generalizada que provocó el actuar del interventor de la Portuaria, totalmente avalada por el Presidente de la República, el funcionario salga diciendo que atrás de las críticas están los intereses del contrabando, del narcotráfico, la evasión fiscal y el lavado de dinero que se asocian para boicotear el progreso y la creación de empleo, pretendiendo distraer con mentiras y más mentiras.
 
 Creo que es indispensable que el interventor diga concretamente a quiénes se refiere cuando hace ese tipo de señalamiento, porque casi todos los sectores del país han cuestionado la forma en que se hizo el negocio y por lo tanto está acusando a la opinión pública casi en su totalidad de hacer causa común con el crimen organizado. Las críticas han sido dirigidas concretamente al interventor y al Presidente que avala sus actuaciones, es decir, debidamente puntualizadas e individualizadas por lo que no se vale que él venga con esas generalizaciones absurdas.
 
 Al contrario, al narcotráfico le interesa lo turbio, lo opaco y nada transparente, lo mismo que al contrabando y a quienes evaden al fisco o lavan dinero. Esos son sectores que se benefician de la falta de transparencia que es secular en nuestro país y cualquiera con dos dedos de frente entiende que lo que nos hace falta es precisamente transparencia como antídoto a esa podredumbre que es característica de la gestión pública y que alienta la existencia de redes poderosas de mafiosos que se incrustan en el aparato público.
 
 El manejo de los contenedores es un tema estratégico no sólo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del crimen, del contrabando, el tráfico de drogas, la evasión fiscal y el lavado de dinero. Por ello es que cualquier negocio que tenga que ver con el manejo de contenedores tiene que ser públicamente debatido y se tienen que conocer plenamente a los actores. Recordemos que el que nada tiene que ocultar es porque está haciendo las cosas bien, mientras que el pícaro tiene necesidad de ocultar el negocio, de borrar huellas, de fabricar normas espurias para dar cobertura legal a sus trinquetes. Estamos hablando de dos categorías totalmente distintas y por eso es inaudito que al final los patos le tiren a las escopetas.
 
 El interventor es un funcionario público y como tal expuesto a la crítica, sobre todo cuando sus decisiones dan motivo a tan grandes y terribles suspicacias.