Ayer estuvieron en nuestra redacción el vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Wisa, el empresario panameño Juan Luis Correa, y el gerente general de La Riviera Duty Free, ingeniero Emilio Pinto Zimeri, para conversar sobre el tema legal que gira alrededor de la autorización para que esa empresa pueda operar como Depósito Aduanero con funciones, como se lee en la tarjeta de presentación del gerente, de “duty free”, es decir, de puerto libre de impuestos.

Venían a explicar que en la Superintendencia de Administración Tributaria los altos funcionarios avalan lo hecho por anteriores autoridades y a manifestar que, según ellos, todo lo que hicieron está en ley. Antes de entrar en materia habíamos hablado sobre la situación general de la corrupción en el país y por supuesto salió a conversación el escándalo del puerto, porque hasta para los extranjeros el asunto causa alguna sorpresa.

Les explicamos que La Hora es un medio comprometido de manera absoluta y radical en contra de la corrupción administrativa y que las publicaciones sobre el caso La Riviera no son porque ellos sean objetivo nuestro, sino porque el procedimiento seguido es el que nos parece discutible y que legalmente se tendría que enmendar. El señor Correa entiende claramente lo que para un país con las condiciones de pobreza como Guatemala, pese a su enorme riqueza natural, significa la corrupción y sobre eso se habló abundantemente.

El ingeniero Pinto expresó su preocupación por el daño que se le hace al país si se revocan concesiones y licencias como las que se le dieron a la empresa La Riviera, porque eso ahuyenta a los inversionistas, según dijo. Le explicamos que ese argumento no puede servir para justificar y extender un arrendamiento negociado a trompatalega ni una autorización para operar inventando una figura. En La Hora creemos en la inversión extranjera de quienes vienen respetando las leyes y el estado de Derecho. Esos son, para nosotros, inversionistas a los que hay que atraer. Mantener decisiones ilegales y arbitrarias lo único que hace es atraer piratas, porque son estos los que buscan países donde todo se arregla con mordidas y sobornos que les permiten mayores ganancias, porque el negocio que realizan es turbio.

Como tratamos de hacer en todos los casos, La Riviera y el Grupo Wisa han tenido espacio para explicar sus puntos de vista y lo seguirán teniendo. Lo mismo vale para quienes están librando la batalla legal para demostrar no sólo la arbitraria decisión de la SAT, sino también la anómala forma en que, como con el Puerto Quetzal, se les otorgó el arrendamiento de los locales en el aeropuerto, porque nuestro interés es ayudar a transparentar la tan turbia gestión pública.

Minutero:
De plano que Pérez Molina
hubiera armado tremolina,
si Colom o Baldizón
hacen ese negoción