La ley aprobada en 2009 busca ser mejorada para que cumpla el objetivo de ser una herramienta que elija a las autoridades más idóneas.

Varios puntos contempla la iniciativa de ley presentada por la diputada Nineth Montenegro que busca reformar la Ley de Comisiones de Postulación aprobada en 2009. Las modificaciones fueron construidas con el apoyo del Movimiento Pro Justicia.

Al momento, suman ocho puntos los que pretenden reformar. Financiamiento de campañas, conflicto de intereses, ausencia de postuladores, perfil idóneo y tabla de gradación, requisito de reconocida honorabilidad, facultades de investigación y calificación de expedientes.

“Lo que se busca es afinar la ley de comisiones para que sea un mejor instrumento en la selección de candidatos, para llevar a cabo estos procesos de selección de funcionarios”, explica la directora ejecutiva del MPJ, Carmen Aída Ibarra.

Aunque la iniciativa se encuentra en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la entidad tendrá constantes acercamientos con otras organizaciones de la sociedad civil para conocer si se suman más reformas al proyecto que está pendiente de dictamen.

“Esta es una primera etapa en base a la experiencia que nos han dejado los procesos de años anteriores, formulamos una sistematización de los problemas que detectamos y las posibles soluciones y la  propuesta de la diputada recoge bien esas inquietudes. Seguimos detectando para ver si son susceptibles de incluirlas en el proyecto”, explicó Ibarra.

LAS REFORMAS

En el caso del financiamiento de campañas se comprobó que en varios procesos llevados en los colegios profesionales fueron evidentes los gastos elevados, por ello, se hace necesario incluir criterios de transparencia, tales como montos máximos y controles que aseguren que sean respetados.

En cuanto al conflicto de intereses, se evidencio en 2009 que 12 de 18 representantes del Organismo Judicial y un representante del Colegio de Abogados se desempeñaron como postuladores y candidatos, por lo que el Movimiento Pro Justicia indica que debe normarse lo relativo a los posibles conflictos de los postuladores, limitando su participación como candidatos.

Con la ausencia de postuladores, se contempla la necesidad de incluir una norma que disponga la forma como se resuelve la ausencia. En el perfil idóneo proponen mejoras en la tabla de calificación. En el requisito de conocida honorabilidad se propone un mecanismo estándar para determinarla, incluyendo una precisión sobre los méritos éticos y valoración, así como lineamientos para la presentación de denuncias de impedimento.

“Introducir la sana crítica razonada como modelo operativo de la valoración de denuncias, aclarar el momento para pronunciarse sobre la reconocida honorabilidad y establecer la obligatoriedad de fundamento y pruebas para las denuncias”, explicó Mónica Leonardo, asesora jurídica del MPJ.

Para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Archila, la auditoría social es importante “Las denuncias deben tratarse con objetividad e imparcialidad, creo que la  democracia es un ejercicio constante”, concluyó.