Hoy publicamos un reportaje sobre la imposibilidad de luchar contra la corrupción por la falta de instrumentos legales que permitan castigar seriamente a los pícaros que hacen negocios en el ejercicio del poder. Cuando mucho, una multa risible se aplica para sancionar a los ladrones que realizan micos y pericos con los contratos y nunca los contratistas tienen que responder ni siquiera por obras que se derrumban, no digamos las que quedan para la posteridad como monumento a la incapacidad y el mamarracho.

La verdad es que Guatemala ha fomentado un sistema de corrupción y lo alienta con la impunidad asegurada y completa para los ladrones. Las leyes no castigan realmente al sinvergüenza y por eso cualquier funcionario recibe mordidas y sobornos, el tráfico de influencias funciona de manera tan perfecta que hasta se hacen olas cuando alguien lo define de manera clara y categórica como se intentó en la ya fallida Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, y ahora hasta Jorge Serrano nos adelanta que tiene planes de regresar porque sabe que con la ley en la mano será prácticamente imposible enviarlo a la cárcel por haberse adueñado de los fondos públicos por la vía de los gastos confidenciales.
 
 Una de las grandes paradojas de cómo es que funciona el régimen legal en el país está con el antejuicio que se autorizó a la diputada Nineth Montenegro. Porque algún activista falsificó una firma en el listado de afiliados de su partido cuando fue constituido, ella como Secretaria General puede ser procesada y condenada por falsedad material e ideológica en la escritura de constitución de la agrupación que dirige. En cambio, los secretarios generales de los partidos que se pasaron con creces de los límites de gastos de campaña y que recibieron dinero a manos llenas de financistas nada desinteresados que así compran al Estado para ponerlo a su servicio, apenas si tienen que pagar una multa risible cuando son encontrados culpables de violar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
 
 En otros países los cabilderos se tienen que inscribir en registros públicos y la gente sabe quiénes hacen esa labor y a favor de qué intereses. En Guatemala, en cambio, se defiende el cabildeo como algo normal en todas las circunstancias y se pretende que siga siendo a escondidas, a espaldas de la gente, lo mismo cuando un abogado gestiona ante un juez a favor de un cliente, que cuando un empresario se junta con un funcionario para pactar la contratación millonaria de obras o servicios.
 
 Lo que evidencia nuestro reportaje de hoy con respecto al Ministerio de Comunicaciones, en donde multas ridículas son el castigo para quienes contratan obras sobrevaloradas y mal hechas, es una muestra de cómo el sistema está hecho para proteger y alentar al ladrón. Y es que se trata de un negocio compartido de manera muy efectiva, porque sale ganando el funcionario al que le dan la comisión, mordida o soborno, y gana el contratista que infla los precios y de ajuste usa materiales de mala calidad y construye mamarrachos a sabiendas de que todo eso quedará para siempre en la impunidad.
 
 En un país con los niveles de corrupción que hay como en el nuestro, es ridículo hablar de la eficiencia de la verificación en el lavado de dinero. Hace unos diez años, hablando de la situación general del país, mi padre le dijo a unos religiosos que le visitaron que si Jesucristo viniera a Guatemala (y de eso hace diez años) a los quince días estaría lavando dinero como hace tanta gente poderosa porque aquí se toma como la cosa más normal del mundo hacer trinquetes y se estigmatiza como idiota al que no los hace.
 
 Evidentemente, Guatemala es un paraíso para los trinqueteros.