El juez levantó el auricular de su teléfono y tras un instante de silencio, su interlocutor hizo sonar música sacra. No era una broma de mal gusto o un una llamada errónea, sino una amenaza de muerte dirigida a dos juzgadores y Thelma Aldana, en el tiempo que integraba la Junta de Disciplina Judicial.

 Esa intimidación, dice la ahora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, no fue excepcional, pues cientos de sus colegas han pasado por experiencias similares y más de una decena han sido asesinados en los últimos diez años. Ahora, la seguridad de los operadores de justicia más que un privilegio, es una necesidad y una prioridad.

Hace doce años, a las doce de la noche, el Presidente de la Junta de Disciplina recibió una llamada anónima. Entre insultos, una voz masculina dijo que él y los otros dos jueces que integraban esa instancia serían asesinados; entre ese grupo se encontraba Aldana, quien entonces ascendía escalones en su carrera judicial.

Unos quince minutos más tarde sonaba nuevamente el teléfono, pero al responder solo se escuchó música sacra, propia para un funeral, relata Aldana, quien sabía que se trataba de una amenaza de muerte, pero no tenía claro cuál de todos los espinosos y delicados casos que conocían había despertado molestias o incomodidades.

Según Aldana, se interpuso una denuncia ante la presidencia de turno de la Corte para solicitar seguridad, pero contrario a lo que esperaba, las autoridades no le dieron seguimiento y finalmente no se logró determinar el móvil de la intimidación, que para su suerte no se materializó en una agresión.

Más de una década después, como presidenta del Organismo Judicial, Aldana considera que ejercer jurisdicción es un trabajo de alto riesgo, ya que constantemente se reciben amenazas con las que se busca  intimidar y coaccionar a los juzgadores para incidir sobre sus decisiones; en la actualidad, una denuncia o agresión leve contra operadores de justicia es motivo suficiente para iniciar de inmediato una investigación y elevar las medidas de seguridad de las potenciales víctimas.

Recientemente, La Hora publicó información de la Unidad de Seguridad del Organismo Judicial (OJ), la cual refiere que entre el 2002 y el 2012, 640 jueces y magistrados fueron blanco de amenazas e intimidaciones, 24 sufrieron agresiones, 5 fueron secuestrados y 11 administradores de justicia fueron asesinados.

De acuerdo con Joaquín Flores, secretario general de la Presidencia del OJ,  durante el primer semestre de este año se han reportado 32 amenazas e intimidaciones contra administradores de justicia. A la fecha, ninguno ha sido agredido.

Aldana recuerda su experiencia y señala que ante la debilidad institucional, se trabaja en el proyecto de la creación de la Dirección de Seguridad del OJ, con el fin de garantizar protección adecuada a los jueces y darles todos los instrumentos necesarios para que puedan desarrollar sus actividades con toda la protección del caso.

“Trabajamos el proyecto con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos ha facilitado un consultor y apoyo técnico para elaborar manuales y protocolos. En agosto se inician las capacitaciones y tentativamente en octubre se inaugura”, indicó.

Esta dirección fortalecería el trabajo de la unidad de seguridad de este poder, que actualmente cuenta con 600 elementos y 170 agentes de la Policía Nacional Civil, lo que representa una inversión de más de Q60 millones al año.

En ese sentido, Aldana refirió que se trabaja en la creación de 45 nuevos puestos para vigorizar la capacidad del actual equipo. Según informa, la Dirección se instalará en el nivel 17 de la Torre de Tribunales.

SIEMPRE EN CONFLICTO

César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la CSJ, dice que en su carrera los jueces tienen la peculiaridad de estar “siempre en conflicto”, por lo que su profesión implica una posición de vulnerabilidad constante en la sociedad.

“Si vemos las noticias, todos los días encontramos que Guatemala es un país con altos índices de violencia, con altos índices delictivos, donde el principal problema es la seguridad, la impunidad, y encontramos que quienes tienen que dictar las sanciones en contra de los que lesionan la seguridad ciudadana son los que participan en el sistema de justicia, los fiscales y jueces; por lo tanto hay que dotarlos de las condiciones que garanticen su seguridad”, dijo enfático Barrientos.

Además refirió que  garantizar, potencializar y fortalecer la seguridad de todos los que participan en el sector justicia, garantiza que en el país exista menos impunidad y que se encamine el sistema de justicia “en los rieles del progreso y de la paz”.

De acuerdo con Barrientos, se espera que el sistema que permita resguardar la seguridad de los jueces, no solo llegue a los tribunales y juzgados de mayor riesgo, sino que se extienda a todos los órganos jurisdiccionales, incluyendo a los departamentales y jueces de paz

Desde el punto de vista procesal, de acuerdo con el togado, las amenazas pueden influir negativamente sobre la independencia judicial, pues una intimidación afectaría las actitudes y la disposición laboral de los responsables de la administración de justicia.

No obstante, señala que es parte del trabajo y “si uno acepta ser un juez, acepta que está sujeto a una situación de riesgo, y dadas las estadísticas es difícil que se llegue a la concreción de una amenaza, pero es una situación propia del trabajo, pues estoy sujeto a que en algún momento alguna de las partes busque evitar que el proceso siga, y puede ser que para esto lleguen a intimidaciones”.

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, comenta que los principales riesgos para los jueces se dan cuando diligencian casos de alto impacto “En la medida que dicta sentencias que puedan afectar el interés de un grupo de personas poderosas, la reacción inmediata es de amenazar e intimidar al juez”.

De esa cuenta, Cadena indica que ve débil el trabajo de las autoridades señaladas para cumplir con esta obligación: “La Ley de Protección de Sujetos Procesales no se ha aplicado de forma correcta (…). Cuando no existe un sistema de protección por parte del Estado, recurren a organizaciones no gubernamentales. La Comisión ha dado acompañamiento en determinados caos, hemos acudido a los juicios, hablado con el Estado para solicitar medidas de protección, y en casos extremos se trata de sacar del país al afectado, al menos por un tiempo”.

Asimismo, Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), señala que en un país como el nuestro, donde el crimen tiene altos índices, el riesgo de juzgar a las personas involucradas en hechos delictivos suele ser muy fuerte; trabajar como operador o administrador en cualquier rama del derecho, es una tarea difícil,  y “aún más es ser juzgador del área penal”.

Sin embargo, Vásquez destacó que es importante brindar seguridad por igual a todos los que participan en el sistema de seguridad y justicia, jueces, fiscales y abogados, ya que su trabajo está concatenado y todos corren riesgos.

FISCALÍAS EN RIESGO

Javier Monterroso, asesor privado del Ministerio Público, refirió que incluso dentro de las directrices de Naciones Unidas, para el desarrollo eficaz de jueces, fiscales, auxiliares y todo el personal de administración de justicia, representa un punto fundamental que estas personas,  “que tienen a su cargo tan importante labor en la sociedad, cuenten con la seguridad necesaria para llevar a cabo sus funciones sin intimidaciones”.

Según la información la fiscalía ha reportado un número considerable de amenazas e intimidaciones tipo verbal y telefónico, sobre todo en casos que han llegado a condena, principalmente en las causas que involucran a pandilleros y complejas estructuras delictivas.

En ese sentido informó que la Fiscalía cuenta con 412 agentes de seguridad y 64 agentes de la PNC para resguardar la integridad física de los agentes fiscales y auxiliares.

Según Monterroso, todo el personal fue capacitado con el apoyo del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible en el tema de manejo de armas de fuego y el 65 por ciento del personal ha sido capacitado por Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala; también refiere que una parte de este grupo ha sido capacitado en análisis de riesgo: “Es personal que puede determinar cuánta y qué nivel de seguridad necesita un funcionario o alguna instalación”.

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), según su Directora, no se ha librado de las intimidaciones, aunque en menor cantidad en comparación con el resto de instituciones.

Blanca Stalling, quien dirige la institución, indicó que, cuando los abogados  se acercaron a los pandilleros para trabajar en sus casos, inició una serie de fuertes amenazas en su contra.

“Exigían que un abogado que defendía a alguien de la Mara 18, no defendiera a los que pertenecían a la mara Salvatrucha. Para resolver el problema el IDPP se reunió con los líderes de los grupos, dentro de las cárceles, para explicarles que no se puede clasificar a los abogados, que al letrado que le corresponde llevar un caso es el que lo atenderá, salvo casos de fuerza mayor”, expuso.

Stalling también mencionó que cuando la institución tenía su sede en la zona 2, fueron allanadas las oficinas. Una dependencia en el segundo nivel del edificio fue irrumpida.

Según las autoridades, intentaron sacar las computadoras, pero botaron una y eso activó la alarma y alertó a la seguridad, por lo que no pudieron sustraer el equipo; sin embargo, toda el área quedó llena de heces fecales. Para ese entonces, se había diligenciado una caso que terminó en condenas de muerte.
 
De esta cuenta, Monterroso concluyó que: “Si un juez es intimidado o incluso un abogado sufre de amenazas o persecución, se afecta el sistema de justicia en general; un funcionario seguro es un funcionario más eficiente, no lo será si tiene temor por su vida o por la de su familia”.