La resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre el tema de la llamada tienda libre del aeropuerto de marca La Riviera no deja lugar a dudas. La Superintendencia de Administración Tributaria se saltó las trancas al autorizar que funcionara como un depósito fiscal al que le otorgó las ventajas de una tienda libre. No cabe la menor duda de que se violentó nuestro ordenamiento legal y que se incurrió en un acto arbitrario con esa anómala autorización que, sin embargo, no ha sido aún revocada.
El tema de fondo aquí es decir, porque obviamente no se trata de determinar sino de señalar algo demasiado obvio, es que esa resolución no fue de gratis, porque ningún funcionario por baboso que pueda ser, se tira a buscar una forma tan sofisticada para burlar la ley sin que a cambio se le proporcione alguna gratificación, mordida o soborno. Tenemos funcionarios tontos, pero no para tanto y en este caso estamos frente a una clara evidencia de que aun cuando es evidente, es absolutamente indudable que hubo trinquete, nada se hace para deducir responsabilidades.
Es más, ni siquiera se procede conforme a derecho ordenando el inmediato cese de operaciones de una empresa que de manera anómala logró convencer a autoridades anteriores para que le encontraran la forma de violar la ley. Y los técnicos de la SAT se esmeraron en hacerlo, encontrando en la figura del depósito fiscal el mecanismo para que la mercadería que venden nunca “entre” legalmente al país y por lo tanto no genere la necesidad de supervisión. Se creó, literalmente, una especie de paraíso en terreno del aeropuerto, para que una empresa extranjera haga lo que le venga en gana sin ningún tipo de responsabilidad local ni cumplimiento de nuestras leyes.
No es una entidad benéfica, como las otras que tienen autorizada la administración de puertos libres, sino que se trata de una entidad puramente lucrativa que, por lo visto, formó parte del paquete de la construcción del aeropuerto porque le adjudicaron los mejores lugares, donde pueden enganchar al pasajero desde el momento en que sale del puesto de control y registro de los viajeros.
La Corte de Constitucionalidad emitió un fallo que debiera ser utilizado por el Ministerio Público para realizar una investigación sobre el caso. Por supuesto que será difícil encontrar huellas del soborno porque así como se esmeraron en buscar el camino para emitir una resolución que diera apariencia legal al trinquete, han de haber tenido asesoría especial para no incurrir en problemas de lavado de dinero mal habido. Pero salta a la vista, mi amigo, que alguien se enriqueció ilícitamente con ese tráfico de influencias.
Minutero
No se puede regalar
tamaña resolución;
alguien debió de pagar
pues así es la corrupción