Originalmente se creó en Guatemala una comisión o grupo asesor integrado por siete sabios, el que más tarde aumentó en uno o dos miembros, habiéndole aconsejado al Presidente de la Republica que hiciera una propuesta de modificación a la Constitución Política de la República que contenía 51 reformas, de las cuales 13 eran modificaciones a las modificaciones de 1993, asesoradas por algunos de los actuales, y 20 propuestas que ya fueron rechazadas por el pueblo en la consulta popular de 1999.
La propuesta se hizo sin explicación alguna con gravísimos “errores” tales como castigar a los establecimientos educativos que repartan utilidades, como obligar a que las empresas que exploten recursos naturales no renovables den un 40% de participación al Estado, pero en el texto se omite mencionar “no renovable” y dejan solo recursos naturales, lo que abarca a la totalidad de empresas agrícolas, ganaderas, petroleras y mineras. Se eliminó la consulta popular mediante la artimaña de modificar el artículo 279 de la Constitución que se refiere a las calidades que se requieren para los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, en el sentido de que para cualquier reforma constitucional se deberá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, además, que la presentación y la redacción dejaba mucho que desear.
Hace pocos días fui invitado para “dialogar” con dos de los más prominentes miembros del grupo asesor del Presidente, donde uno de ellos al iniciar la plática nos recibió con una buena ración de atol, cuando dijo que el Presidente tiene la facultad de proponer cualquier reforma sin necesidad de consultar a nadie, pero que el Ejecutivo está en la disposición de escuchar todas las opiniones.
Días después de nuestro diálogo nos encontramos con la sorpresa que las propuestas se redujeron a 34, lo que implica que al menos 17 eran innecesarias y estaban de más. Con esto, los señores asesores nos dejan un nuevo escenario en el que tampoco aparece la exposición de motivos, no hay una explicación de cuáles son las razones para proponer las modificaciones o para reducirlas, no nos dicen en qué se mejorará el país, por qué son necesarias las propuestas, qué fines persiguen y lo más importante, qué propuestas eliminaron y cuáles quedaron y por qué. Y, lo más grave, con tanto cambio, con tanta inseguridad, con tanta ineficiencia, le siguen mermando la credibilidad al Presidente. Dejándonos ahora con una duda mayor, pues bien sabemos que el Presidente puede proponer cualquier modificación y también que las propuestas las debe presentar al Congreso, quien tiene la facultad de aceptar la propuesta, modificarla, rechazarla, reducirla o ampliarla. ¿No será que la reducción no es más que otra ración de atol con el dedo que nos ofrecen y que el Congreso reinstalará las propuestas eliminadas?
Señor Presidente, para evitar seguir cometiendo errores sugiero que tome las riendas y haga usted los cambios que tenga que hacer sin tocar la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que le han dicho de que Guatemala no es gobernable a menos que se reforme la Constitución no es cierto. Ejecute sus deberes cívicos y funciones como Presidente de la República que le ordenan los artículos constitucionales 135 y 183 y haga “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.”