Quienes tienen poder de decisión y facultades para impulsar cambios en Guatemala no tienen nunca necesidad de utilizar el transporte colectivo que, según todas las evidencias, es un pésimo y muy peligroso servicio en el que los usuarios se ven expuestos a constantes riesgos, sea por la probabilidad de accidentes o por la nada rara posibilidad de sufrir un asalto violento.
A ello hay que agregar que se trata de un servicio con unidades desvencijadas, con pilotos y ayudantes que no tienen el menor sentido de lo que es el trato al público y la atención al cliente, además de que no hay una adecuada planificación de rutas y las autoridades no ejercen control alguno sobre el sistema, ni el urbano ni el extraurbano que cubre el área metropolitana o el resto del país.
Se trata de un servicio público que está en manos privadas y como consecuencia de ello y de la falta de control de las autoridades, el usuario es literalmente expoliado por los empresarios y muchas veces por los ladrones que se han enseñoreado de las rutas.
Y como no hay autoridad que dependa o use el servicio de transporte colectivo, porque hasta los menos afortunados que fueron usuarios y llegan a un puesto público, lo primero que hacen es usar automóviles del Estado para desplazarse, nadie le pone atención a un problema que afecta todos los días, que es el verdadero pan de cada día, para millones de personas que se desplazan desde y hacia sus hogares en ese espantoso sistema de transporte público.
Urge una política de Estado para entrarle al problema que afecta la movilización diaria de millones de guatemaltecos y es importante que se le ponga atención al serio problema porque es demasiada la gente que depende de ese mal diseñado y peor administrado sistema de transporte. Ni la Municipalidad ni la Dirección de Transportes del Ministerio de Comunicaciones tienen el menor control sobre los empresarios y las unidades que éstos explotan como les da la gana. No hay el menor respeto a las normas y reglamentos y de esa cuenta el Estado no cumple ni siquiera con la obligación de supervisar la manera en que operan las empresas que explotan las diferentes rutas.
Los testimonios que publicamos ayer son apenas una pequeña muestra de lo que diariamente sufren muchísimos guatemaltecos que empiezan el día con la molestia de tener que desplazarse en alguna de esas peligrosas unidades y lo terminan, generalmente, doce horas más tarde, retornando como si fueran latas de sardina en la misma chatarra que les trasladó temprano.
Atacar las deficiencias del transporte público en el país es atender y respetar la dignidad del ser humano. ¿Habrá gobierno que lo haga?
Minutero:
Es un desastre el transporte
y aunque ya no se soporte
no se ve otro camino
porque les importa un comino