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RECONOCEN QUE LOS PILOTOS NO SON CAPACITADOS;

ROTACIÓN Y NO PERTENENCIA AL LUGAR DONDE PRESTAN EL SERVICIO, LAS RAZONES

SÓLO 26 PERSONAS TIENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE PARA HACER VERIFICACIONES

Para millones de guatemaltecos, viajar en bus es una necesidad diaria que se convierte en un riesgo cuando deben hacer frente a la violencia social y la negligencia de los prestadores del servicio.

A su corta edad, Juan Gerardo García, un joven estudiante, se considera a sí mismo un “sobreviviente” del transporte público y especialmente de la ruta 72; entrevistado sobre su experiencia, cuenta que recientemente fue asaltado por dos individuos que abordaron la unidad de transporte, llevándose sus pertenencias y las de sus acompañantes.
 
“Fue hace como un mes, yo iba con dos compañeros del colegio a hacer unas tareas cuando nos subimos al bus y después también se subieron dos personas más que estaban en la misma parada que nosotros”, recuerda.

García y sus amigos ocuparon la parte trasera del vehículo, y luego los dos sujetos se acercaron, portando armas, para exigirles sus pertenencias.  “Nos pidieron un par de quetzales y yo les di el sencillo que llevaba. Mis amigos les dijeron que sólo llevaban 5 quetzales; el que estaba parado le quitó el dinero a mis amigos, mientas el otro insistía que le entregara mi teléfono celular”.

Aunque la situación fue tensa y difícil de superar, García reconoce que es un problema frecuente al que se “tiene” que acostumbrar y recuerda que no es la primera vez que enfrenta este tipo de incidentes dentro de un bus urbano, ya que en varias ocasiones ha sido víctima de asaltantes, quienes con arma de fuego en mano le han amenazado y despojado de sus pertenencias. “Esto ya es algo normal”, concluye el joven.

POR IRRESPONSABILIDAD

Beatriz Larios dice que en su experiencia como usuaria del transporte extraurbano de rutas cortas, se ha acercado a la muerte en diversas oportunidades, pero no precisamente por causa de la violencia.

La joven madre de familia recuerda que en una ocasión, la irresponsabilidad de un piloto provocó un accidente en el que resultó seriamente herida, junto a sus dos pequeños hijos de 3 y 5 años, y varios pasajeros que se encontraban en el bus en esa oportunidad.

Beatriz recuerda que viajaba a bordo de un autobús de la ruta que se dirige del Trébol hacia Ciudad Quetzal; como ya es una costumbre en el transporte, relata, a inmediaciones de la Calzada San Juan el conductor manejaba a excesiva velocidad compitiendo por pasaje con otro chofer.

“El chofer iba a toda velocidad, cuando de repente chocó contra un carro y no pudo controlar el bus, que se empotró en un poste de luz”, recuerda.

“Con mis bebés resultamos heridos, porque además del impacto, se quebraron varias ventanas y los vidrios nos cayeron a nosotros; nos tuvieron que atender los bomberos”, cuenta Beatriz, quien asegura que fue uno de los momentos más duros que ha vivido.
  
Según la usuaria, esto se podría evitar si las autoridades hicieran “el trabajo que les corresponde”, se castigara la irresponsabilidad de los pilotos y se exigiera un mejor servicio a los empresarios; cuando sucedió el percance se encontraban policías tanto de tránsito como de seguridad, quienes observaron cómo el piloto huyó sin que alguien intentara detenerlo, y hasta ahora no hay consecuencias legales, señala.

“Los policías vieron como venían los buses y no los pudieron detener, es responsabilidad de ellos velar por la seguridad de quienes usamos los buses”, insiste Beatriz.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Gamaliel Chin, de la Gremial de Transportistas Extraurbanos de Rutas Cortas, indica que la responsabilidad de los empresarios se circunscribe únicamente a la prestación del servicio y a que cada uno de los usuarios lleguen a su destino lo más tranquilos que se pueda, y sobre todo puntuales en función del tiempo de abordaje.

Sobre la inseguridad, dice que la delincuencia ha creado un escenario para fortalecer las crecientes estadísticas de violencia en el país; Chin dice estar conscientes que sucede cualquier tipo de vicisitud en el transporte, desde robos, carterismo y hasta ultraje de pasajeros.

Señala además que ante estos acontecimientos, los prestadores del servicio poco o nada pueden hacer, producto de la intimidación de parte de las extorsiones, sufriendo agresiones que han llegado hasta asesinatos de los mismos pilotos de buses.

Y con respecto a la irresponsabilidad de los pilotos del transporte público, según Chin no se puede hacer mucho, y justifica que existe una alta rotación de personal ante la poca capacidad de la generación de mano de obra documentada y licenciada por el Estado: “Los índices delincuenciales extorsivos y el temor nos hacen prescindir de mucha mano de obra calificada, quedándonos con la mano de obra de segundo nivel”.

Entretanto, Luis Gómez, al frente de la Gremial de Empresarios del Transporte Urbano, asegura que la seguridad tanto en el transporte como en cualquier otro lugar y hacer frente a la delincuencia, es responsabilidad de todos los ciudadanos, pero constitucionalmente corresponde al Estado la seguridad de la sociedad.

Gómez indica que, como empresarios, únicamente prestan un servicio, y agrega que en este caso el transporte público tiene una tarifa de subsidio social y no basada en criterios técnicos, por lo que “entonces nosotros no podemos ser responsables de la seguridad pública”.

La tarifa real debería representar arriba de los Q5 para prestar un servicio adecuado con unidades en buenas condiciones, buen servicio de pilotos, salarios adecuados, cambio y reposiciones de unidades, apunta.

Entretanto, Gómez reconoce que el transporte urbano está colapsado y representa un espacio de inseguridad para los ciudadanos desde hace muchos años; sobre la calidad del recurso humano, indica que únicamente se puede contratar a pilotos que viven cerca de donde se presta el servicio, ya que si uno capacitado llega a los lugares donde no los conocen puede ser asesinado.

LAS AUTORIDADES

Ricardo Dubón, jefe de la Dirección General del Transporte (DGT), indica que la responsabilidad de esta entidad es regular el transporte extraurbano de pasajeros, para garantizar que al usuario se le brinde un servicio eficiente y seguro y generar a los transportistas un ambiente de seguridad.
 
A la fecha existe un registro de 9 mil 600 buses extraurbanos que cuentan con la licencia que se extiende en la DGT para funcionar, sin embargo, existen también otras 3 mil unidades piratas que circulan sin una autorización, según la DGT.
 
Para cumplir con su función, Dubón indica que esa dirección cuenta sólo con 26 personas en el área de inspección, generando operativos que se realizan en las carreteras para detectar si verdaderamente los buses están circulando con la papelería en orden, pero advierte que no se tiene un periodo establecido para llevar a cabo estas inspecciones.
 
Según el Director, en lo que va del año se han aplicado 331 sanciones a los transportistas, por no tener la papelería adecuada que establece el reglamento 289-11, pero explica que esas medidas administrativas no llegan a consecuencias legales.

 “Nosotros sólo podemos imponer las multas y posteriormente actuar contra aquellos que no paguen las multas a través de juicios de lo económico coactivo, pero la verdad es que no se tiene el poder coercitivo para tomar o incautar un bus como sí lo tiene la Empresa Municipal de Tránsito”, apunta.
 
Dubón dice que la aplicación de la ley y de la justicia está en manos de los jueces y a la DGT únicamente le corresponde lo que está señalado en el marco legal de dicha entidad, aplicando lo que dice la ley, “y la justicia será en los Tribunales de Justicia en donde se debe aplicar”.

Por su lado, Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad de Guatemala, indica que la comuna ejerce la responsabilidad de supervisar los buses urbanos a través de la Superintendencia de Transporte Colectivo Urbano, que tiene a su cargo la fiscalización del sistema integrado de transporte de toda la ciudad, velando porque el servicio sea óptimo y que se cumpla con los paramentos del reglamento.

Sandoval indica que el tema de la seguridad no le compete a la Municipalidad, pero que se está apoyando a través del monitoreo de cámaras por medio de la Superintendencia y del trabajo conjunto con elementos de la Policía Municipal de Tránsito.

El comunicador sostiene que la Municipalidad está en una constante revisión de las unidades del transporte público, para prevenir cualquier tipo de accidentes que se pueda provocar por exceso de velocidad o alguna falla mecánica: “La Superintendencia de Transporte se encarga de monitorear y que se encuentren en buenas condiciones”, aunque en términos técnicos, no se cuenta con mecánicos para la revisión de las unidades.

Sandoval dice que algo que se debe cambiar para sanar la herida que se le ha causado al usuario con el mal servicio, es poner a funcionar nuevas unidades como las del Transurbano, que tienen que distribuirse en todas las rutas, así como la implementación del servicio del Transmetro.

INDIGNACIÓN

Sergio Anleu, mensajero y usuario recurrente de los buses, considera que en las muertes por violencia y la irresponsabilidad de los conductores, tanto los empresarios como las autoridades tienen una cuota de responsabilidad.

“Los empresarios tienen buenas ganancias y sólo eso les importa y las autoridades no cumplen con su trabajo; en la zona 4 me he tenido que ir colgando en los buses y eso es una realidad, pero nunca he visto que se haga algo para que ya no pase”, indica.

A criterio de Roxana Mendoza, otra usuaria, debería existir una cadena de responsabilidad que pague por lo que sucede en el transporte público: “No es posible que la gente arriesgue sus vidas o se muera en los buses y no se haga nada; unos dicen que no es su responsabilidad y otros dicen que tienen las cosas bajo control, pero al final todo sigue igual”.

“Yo creo que los empresarios y las autoridades de tránsito también tienen que pagar porque están jugando con vidas humanas, pero nadie se hace responsable”, puntualiza.