El día jueves de esta semana, el Congreso de la República, con el voto favorable de 82 diputados, creó la Dirección General de Investigación Criminal (DIGICRI), entidad que en un principio había sido concebida para que adscrita al Ministerio Público (MP) y bajo su control y mando, ejerciera la función de investigación del MP como una Policía Técnica de Investigación de esta entidad.
La polémica rodea ya la creación del nuevo ente, cuando los diputados al Congreso de la República cambiaron el dictamen inicial de la ley que creaba esa Policía de Investigación del Ministerio Público y la dejaron a cargo del Ministerio de Gobernación, según dicen los medios de prensa, actuando siempre bajo la dirección de un Fiscal del MP, pero con un presupuesto que viene del Ministerio de Gobernación y con personal bajo jurisdicción y mando de este último. Por mandato constitucional, el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, extremo que quedó bien establecido en nuestra Constitución Política con el fin de que el MP pudiera, sin depender de ninguna otra institución pública, ejercer la investigación criminal y ejercer la acción penal pública, en un momento dado, incluso, en contra de las autoridades de gobierno si estas cometen algún acto delictivo. Por supuesto no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que esta autonomía del Ministerio Público se ve lesionada y comprometida cuando la investigación de los hechos queda en manos de agentes que responden jerárquicamente y reciben pagos del Ministerio de Gobernación. Sin perjuicio de lo anterior, debe de comprenderse por parte del Gobierno y del Congreso de la República que los legisladores, cuando otorgaron al Ministerio Público la función de ejercer la persecución penal y por lo tanto la investigación correspondiente a la misma, pensaron en que siempre un Juez contralor autorizara o denegara las investigaciones que se realizan en contra de las personas, pues aunque no parezca, en Guatemala toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un proceso llevado ante juez competente. Sin duda los riesgos de dejar una Policía de Investigación Judicial a cargo de un ente como el Ministerio de Gobernación es un error y permite que se alcen voces como las que ya traen recuerdos de la tristemente recordada Policía Judicial, la cual, en su momento, sembró el terror y el pánico entre la población cuando alejada de procedimientos, entes investigadores adecuados y jueces hacía las veces de juez, jurado y verdugo en contra de los mismos ciudadanos.
Sin duda al conocerse el alcance y conformación de la ley deberá de ser estudiada y en su momento impugnada, pues debe de buscarse el fortalecimiento del Ministerio Público y su autonomía, este órgano no debe quedar supeditado ni depender para efectos de su investigación criminal de una entidad como la recién creada DIGICRI u otro organismo del Estado. Nadie está en contra de que se profesionalice y mejore la investigación preventiva que debe de realizar el Ministerio de Gobernación, al contrario hay que apoyar también eso, sin embargo, la investigación criminal debe de ser impulsada por el Ministerio Público de manera autónoma, de manera exclusiva y bajo estricto control judicial.