Hace algunas semanas los empresarios emprendieron una campaña para eliminar la normativa en la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito que tipifica el tráfico de influencias como delito y a la misma se han sumado varios sectores que no ven mal que se abuse de posiciones privilegiadas para influir en funcionarios públicos a fin de obtener ventajas en perjuicio del interés público.
Hoy el Presidente, respondiendo a una pregunta de La Hora en la entrevista que se le hizo para evaluar los primeros seis meses de gobierno, se muestra confiado de que los diputados sabrán corregir esa parte de la ley que, a su juicio, puede llevar a extremos en los que se castigue a un empresario que por alguna razón se junta con un ministro. La ley no tipifica como delito la gestión que se hace ante funcionarios públicos, sino las influencias que se puedan ejercer para obtener ventajas y beneficios de parte del Estado, lo cual es justamente lo que se tiene que evitar y combatir.
Desde que se habló de una Ley en la que se señalaba como actores de la corrupción a los contratistas o personas particulares que hacen negocios con el Estado, surgieron voces de crítica porque hay quienes quieren una norma contra la corrupción, pero aplicada únicamente a los políticos, a los funcionarios públicos que son los constantemente señalados por corruptos. Pero no hay corrupto sin corruptor y eso es una verdad absoluta, por lo que ninguna ley será lo suficientemente efectiva si no se abarcan todos los ámbitos de la corrupción y se persigue tanto al empleado público o al servidor que recibe una mordida como al particular que la paga.
Dice el presidente Pérez Molina que no podemos irnos del extremo de no tener una ley contra la corrupción a tener una que todo lo ve como acto de corrupción y ciertamente en materia de legislación hay que ser certero para lograr resultados positivos. Pero si no se abre el abanico para que puedan incluirse todas las partes que se benefician con la corrupción, tener una ley que pone en la mira al empleado o funcionario y deja afuera a los pícaros que se hartan con el dinero público por la vía de contratos amañados, de nada servirá tener normativa, porque quedan fuera los que verdaderamente tienen que ser perseguidos porque son los que no roban por cuatro años, sino que se pasan la vida robando y saqueando al erario mediante ventas sobrevaloradas o ejecución de obras o servicios mal hechos. De suerte que no regular el tráfico de influencias es dejar que siga la feria.
Minutero:
Coinciden las sugerencias
en volarse el tráfico de influencias;
y es que justamente el negocio
no prospera sin un socio