Meses atrás el presidente Otto Pérez Molina dijo que la corrupción es un monstruo de mil cabezas, y ahora el Ministerio Público se prepara para identificar los rostros y cortar las cabezas en ese delito, aún con recursos insuficientes para enfrentar el reto; analistas indican que no sólo se trata de un problema del Estado, sino social y en ese sentido, la aplicación de todo un paquete de leyes anticorrupción contribuiría a mejorar la persecución penal y así disuadir a quienes estén involucrados en hechos ilícitos.

El enorme caudal de trabajo generado a partir de las denuncias de hechos corruptos lleva a considerar que la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público (MP) necesita herramientas adecuadas y acordes a la realidad nacional, para cumplir con una tarea de dimensiones descomunales y con efectos sobre todo para el Estado.

Es por eso que se plantea una preparación, a partir de la reestructuración burocrática, pero al mismo tiempo también es necesario un acompañamiento legal con la aprobación de la ley contra la corrupción.

La Fiscalía dirigida por Raquel Sáenz tiene a cargo la investigación de diversos actos de corrupción, pero como limitante se encuentra con un escaso recurso humano, económico y legal.

Dicha sección está integrada en la actualidad por ocho agencias, compuestas de un agente fiscal y dos auxiliares; en total son 34 personas las que laboran en dicha Fiscalía. De estos, cada auxiliar fiscal trabaja en 40 o 45 casos, y el agente fiscal se enfoca en 4 o 6 casos.

Javier Monterroso, asesor del despacho del MP, reconoció las debilidades para enfrentar adecuadamente la corrupción. “Necesitamos el doble del personal que tenemos para lograr un adecuado combate, una cantidad igual de vehículos, de investigadores con capacidades contables, de análisis financieros, reestructurar la unidad de análisis de la Fiscalía, para que investiguen las cuentas, los pasos y transacciones financieras del Estado, especialistas en el tema presupuestario, tecnología, bases de datos”, expuso.

Sáenz, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, explicó por aparte, que pese a las deficiencias, “se trabaja con lo que se tiene” y  “actualmente, para tener mejores resultados, se está trabajando en una reestructuración de la Fiscalía, mientras que los casos que ya se tienen en las mesas de trabajo continúan en la investigación”.

La reestructuración se contempla con la distribución de las denuncias por corrupción en tres áreas: la primera, el área de análisis, encargada de filtrar los casos y establecer si hay un recurso previo que plantear antes de entrar a conocer la investigación.

La segunda área se conformará con cuatro agencias que conocerán denuncias de alta relevancia por montos involucrados mayores a Q7 millones 500 mil.  Además, dos agencias de mediana relevancia investigarían denuncias de dinero involucrado desde los Q500 mil, pero menores de  los Q7 millones 500.

La tercera área, una agencia de menor relevancia, trabajará todos los procesos de investigación de denuncias que involucren cantidades menores a los Q500 mil.

No obstante, el esfuerzo de la Fiscalía y la reestructuración podría ser una medida insuficiente y superficial, si no se cuenta con la principal herramienta para perseguir a los corruptos: La Ley.

HERRAMIENTA INDISPENSABLE

Amílcar Pop, diputado y presidente de la Comisión legislativa de Transparencia, dijo que la legislación para combatir los delitos de corrupción es débil todavía. “El Congreso no ha terminado de legislar el paquete de transparencia y corrupción, pero con lo que hay podemos reconocer que existe una pasividad institucional desde la denuncia hasta el aporte de pruebas de la Fiscalía”, explica.

Además refiere que este tipo de ilícitos son los que más daño le hacen al país: “La corrupción genera incapacidad institucional del Estado para mejorar temas de la educación, salud y combate a la violencia; si pudiéramos tener una institucionalidad más fuerte contra la corrupción tendríamos la garantía de la ejecución de los recursos de manera más eficiente y más ética”.

De acuerdo con el analista Renzo Rosal, la aprobación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, iniciativa más conocida como Ley Anticorrupción, es indispensable para darle herramientas a las instituciones, y de la misma forma dijo que es importante reiterar la prioridad que debe tener en la agenda legislativa la aprobación de las reformas de leyes que están en el paquete de transparencia.

“Sí, dotamos de mayores leyes, recursos, capacidades y voluntad política, pero en serio, creo que la lucha contra la corrupción, puede ser un objetivo viable; aunque hoy por hoy parezca un objetivo en el aire, casi soñador, pero tenemos ya logros importantes que demuestran que la corrupción sí se puede combatir”, enfatizó.

Además refirió que habría una diferencia entre enfrentarse a este tipo de ilícitos batallando con dicha ley, que sin ella: “Este proyecto no es un proyecto superficial. Sí tiene dientes; pretende mecanismos correctivos y sí pretende meterse al fondo de las acciones corruptas”.

El analista también indicó que entre los puntos más fuertes de la ley está la tipificación de muchas prácticas que hoy no son delitos y “otra característica clave es que eleva las sanciones y multas, y por supuesto, las oportunidades de que los funcionarios involucrados puedan ir a la cárcel”, concluyó.

MIL CABEZAS

En referencia a las declaraciones del Presidente, se consultó a los responsables del MP cómo combatirían la corrupción, a lo que Monterroso señaló que en ningún tipo de delito se va a tener la posibilidad de combatirlo totalmente, pues “siempre habrá un espacio de impunidad”. “Es como decir que es imposible acabar con la desnutrición; en un país se puede avanzar y reducirla hasta cierto punto, pero todavía en los países desarrollados, hay algún nivel, igual es la corrupción”, ejemplifica.

Sin embargo, refirió que hay que confiar en la prevención general de derecho penal, lo cual “significa que cuando se captura a un funcionario por el delito de corrupción, eso disuade a los otros funcionarios que comenten este tipo de actos”.

 “Aunque no podamos capturar a todos los funcionarios públicos corruptos, pero podemos capturar a un número, condenarlos y llevarlos a la cárcel, van a bajar sus niveles de corrupción; eso es la prevención general que da una pena”, enfatizó Monterroso, sin embargo, “no se logrará erradicar”.

GRAN MAGNITUD

Según Rosal, la lucha contra la corrupción es un desafío de tal magnitud que no le corresponde únicamente al Ministerio Público, pues “tiene mucho que ver con darle vuelta a toda una serie de expresiones de la cultura política e institucional de los guatemaltecos, donde al MP le corresponde la investigación”; sin embargo, señaló que también hay otro conjunto de instituciones que tienen que tener trasformaciones muy fuertes, para obtener resultados efectivos.

“El MP, la Contraloría de General de Cuentas (CGC), la Superintendencia de Bancos (SIB) y los bancos privados, porque toda la plata de la corrupción pasa por allí a todas luces, con total impunidad y nadie dice nada al respecto. Pasa por el Organismo Judicial (OJ) con todas sus estructuras, pasa por los órganos de persecución penal, por instancias del Ministerio de Gobernación, que van desde la Policía Nacional Civil, (PNC), hasta el Sistema Penitenciario (SP)”, manifestó Rosal.

De la misma forma, Marco Antonio Barahona, director adjunto del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), señaló que no es el único ente encargado de identificar dónde ocurren estos delitos: “El conjunto de entidades cuenta con los recursos técnicos, humanos, financieros y legales necesarios para luchar con este flagelo. El problema está en potenciar todo aquello que garantice la lucha y solucione todos los márgenes de discrecionalidad que tienen muchas entidades, eso es lo que sucede cuando no hay normas y controles que los regulen, quedan espacios abiertos para que se puedan hacer cosas ilícitas”, dijo Barahona.

AMPLIA COMPETENCIA

Al contemplar nuevos tipos penales en la ley contra la corrupción, el delito de enriquecimiento ilícito, que involucra a cualquiera que sin ser funcionario o empleado público administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado, para un beneficio propio, se amplía en nivel de competencia de la Fiscalía.

Sáenz declaró que la persecución inicialmente se dirige al funcionario por ser él quien  tiene la facultad para extraer las riquezas del Estado, y cómo la función de la Fiscalía es tener como bien jurídico tutelado todos esos recursos económicos.

Monterroso dijo que el delito de enriquecimiento ilícito es muy difícil de probar ante el juez, porque por lo general, pasa por terceras personas que puedan tener relación con los funcionarios, y tampoco si se lo dé mediante un cheque, sino en efectivo, es difícil rastrear el dinero.

“En estos delitos, no hay flagrancias, son otros mecanismo, se juntan en un lugar, solos, discretos, se lo dan a un tercero. Teniendo en cambio la figura del enriquecimiento ilícito, solo sería de revisar las cuentas del funcionario público, y cuestionar por qué tiene tal o tal bien”, dijo el asesor.

ÉTICA PÚBLICA

De acuerdo con Barahona, hay un tema que también tiene que ser abordado para enfrentar la lucha contra la corrupción, que es la ética pública, pues a su criterio, no se trata solo de un problema de Estado, sino de la sociedad.

“Para comenzar hay que buscar gente con principios y valores, entendiendo que su función es la administración pública y la de servir y no la de servirse de esos puestos y funciones”, comentó.

Según Barahona, uno de los mayores problemas es la falta de cultura democrática, de trasparencia, de honorabilidad, de rendición de cuentas, y que si se logra será el resultado de procesos largos de maduración en la sociedad.

Barahona también explicó que la corrupción está enraizada en todos los niveles  del estrato social: “Aunque a veces se quiera ver que es solo en el Estado, la sociedad tiene mucha corrupción”.