Sigo plenamente convencido de que el tema de la transparencia no constituye prioridad en el país porque son muchos los que juegan de acuerdo con las reglas de un Estado pervertido por la corrupción y por lo tanto no existe interés real por modificar estructuras que facilitan el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. Tan es así que hasta la definición de tráfico de influencias contenida en el proyecto de ley es criticada porque resulta que son demasiados los que incurrirían en delito por usar indebidamente influencias.

La ley no cuestiona el uso debido y correcto de las gestiones, sino que el aprovechamiento que se hace de ciertas posiciones privilegiadas para obtener favores ilegales.
 
 El pasado lunes, sin embargo, la declaración de la vicepresidenta Roxana Baldetti me pareció interesante en el sentido de que propondrá al Ministerio Público la conformación de una fuerza de tarea contra la corrupción para dar seguimiento a los casos de aprovechamiento ilícito e inmoral de los recursos públicos. Y habló concretamente de lo que para el país significa haberse sumado la semana anterior a la iniciativa del Banco Mundial conocida como STAR porque persigue la recuperación de activos robados (Stolen Asset Recovery Initiative) mediante una acción de carácter global para impedir que existan refugios seguros para los capitales mal habidos.
 
 El Banco Mundial establece claramente que la corrupción es una epidemia global de la que ningún país es inmune, pero los países en vías de desarrollo pierden de 20 a 40 mil millones de dólares al año, es decir entre 50 y 100 millones diarios, por el desvío de sus recursos del Estado y el pago de mordidas. Con 100 millones de dólares se podría inmunizar totalmente a cuatro millones de niños o se podría dotar de agua potable a 250 mil casas.
 
 El Banco Mundial ha detectado que mucho de esas “ganancias de la corrupción” encuentran paraísos seguros en centros financieros internacionales donde se invierten y lavan de manera sistemática, por lo que recuperar ese dinero es importante para devolverlo a los países saqueados. Sin embargo, hace falta que en cada país hagan esfuerzos por investigar y procesar los casos para que de esa manera se le pueda dar más fuerza al esfuerzo de la iniciativa STAR y por ello la idea de la Vicepresidenta tendría que ser realmente impulsada para que nuestra adhesión a ese proyecto del Banco Mundial sea más efectiva.
 
 Uno de los problemas, sin embargo, sigue siendo que carecemos de legislación que tipifique el enriquecimiento ilícito como delito y que defina claramente que también los particulares que incurren en tráfico de influencias pueden ser perseguidos por el uso indebido de recursos públicos. Y entre los diputados que se resisten con todas sus fuerzas a ponerse la soga en el cuello con una ley de esa naturaleza y los empresarios que no ceden en su empeño por eliminar el tráfico de influencias de la normativa sobre el enriquecimiento ilícito, no hay fuerza de tarea que valga, puesto que no hay ni siquiera delito que perseguir toda vez que mañosamente los diputados eliminaron hace muchos años la norma que castigaba el enriquecimiento ilícito.
 
 Ese enriquecimiento no se puede jamás producir únicamente por funcionarios públicos porque la corrupción siempre es de dos o más vías. La corrupción más significativa es la que se hace por la vía de los “negocios” que tienen que ver con los contratos públicos o con la venta de los activos del Estado.
 
 Ojalá que no se trate nada más que de otra promesa de las que se quedan en el aire. La corrupción tiene un costo demasiado alto para los más pobres del país y la tenemos que combatir con toda nuestra fuerza.