Si se insistiera en la propuesta de adicionar al Art. 238 de la Constitución el principio de equilibrio presupuestario, sería un engaño. Simula la antigua balanza del mercader que pone el plato con un bronce de peso menor al contenido del plato de lo que vende. 14 onzas por libra, azúcar sin vitamina A, leche con yuquilla. En otras palabras, constitucionalizar la apariencia de que los ingresos y gastos se igualan, para tranquilizar al mercado financiero. Esta medida poco sensata debe evitarse por las siguientes razones:
1. Se pretende amarrar el gasto público igualándolo “ad eternum” a un ingreso mínimo, por la prohibición al Banguat de otorgar financiamiento público al gobierno y por la secular resistencia a la aceptación de nuevos impuestos.
2. El equilibrio presupuestario es un segundo candado constitucional, luego de 1993, propio de un modelo económico particular, para ajustar el gasto al ingreso y no el ingreso al gasto, solución que en la práctica implica “gastar menos”.
3. Gastar menos en un país pobre es noquear al Estado. Significa que preferimos dejar morir a los enfermos en los hospitales, recortar la contratación de maestros, restringir bolsas de estudio, continuar con infraestructura colapsada y soslayar programas de atención a niños desnutridos, entre otros.
4. Ninguna empresa en el mercado juega a igualar ingresos y gastos. Ellas requieren financiamientos para crecer y se endeudan para impulsar inversiones rentables. Igualmente, la inversión pública se justifica, ante la prevalencia de baja productividad ocasionada por la falta de educación y las carencias sociales extremas.
5. Una gestión eficiente y alejada de actuaciones indebidas en el sector público es urgente; pero el combate y superación de la corrupción se alcanza con otros instrumentos.
6. El equilibrio presupuestario no sería más que constitucionalizar la opción extrema de gasto mínimo, que en la práctica neutraliza los estabilizadores automáticos, por cuanto las caídas del PIB serían más frecuentes y profundas, sin compensadores en casos de crisis. En Estados Unidos, aún en el gobierno de Reagan, se procuró que las reducciones del déficit no afectaran a los grupos desfavorecidos por el mercado.
7. El país no tiene una base fiscal sólida para afrontar los choques temporales y estructurales, como otros países que cuentan con petróleo, oro, cobre y otros productos transables que aportan ingresos significativos al financiamiento del gasto público. Tampoco tenemos buena voluntad para contribuir al financiamiento del Estado con ingresos sanos ni para aumentar la carga tributaria, que al menos debería estar en 18%, promedio simple de tributación de los países centroamericanos.
8. En términos de democracia y libertad política, coarta anticipadamente los programas partidarios que a futuro formulen un programa de reformas sociales. Sería discriminatorio expulsar de la arena política los fundamentos keynesianos y de otras doctrinas cuya plataforma se oriente a gestionar un rol más activo del Estado.
9. Incorporar este principio al derecho constitucional es malicioso. Ningún Gobierno recurre a financiamientos para dar a todos los habitantes un regalo de cumpleaños. Los impuestos y el uso de la deuda, se corresponden con obras públicas, servicios sociales, mejoras sanitarias y educativas. Ambos financiamientos son necesarios para que alguna vez el Estado guatemalteco cumpla con los derechos sociales establecidos en el Título II de la Constitución.
10. Finalmente, las condiciones actuales no son oportunas para la instalación de un equilibrio de fachada. La Constitución daría un autogolpe de Estado técnico anticipado al Partido Patriota, determinante del futuro de la gestión política de este país. La mano dura no tendría argumentos para justificar su política pública ni espacios para concluir sus programas ofrecidos a la población. La mano dura quedaría petrificada en su propio candado e inmovilizada para cumplir su programa de hambre cero, bolsa segura, carretera segura, sus fuerzas de tarea seguras; en fin, estaría empuñando su propio harakiri, al menos que recurra a proponer un alza en la carga tributaria.