Enfrentado al problema de Kosovo, que reclama su independencia, el nuevo gobierno serbio deberá dar pruebas fehacientes de su voluntad de cooperar con la justicia internacional para avanzar en la vía de la integración europea.
Esta cooperación ya estaba latente este miércoles en la visita del comisario encargado de la Ampliación, Olli Rehn, que abordará el tema con el presidente pro-europeo Boris Tadic y con el nacionalista Vojislav Kostunica, confirmado el martes en su cargo de Primer Ministro.
La Unión Europea, que como Estados Unidos alentó a los partidos reformistas serbios a formar un gobierno democrático para evitar que Serbia caiga de nuevo en el ultranacionalismo, se declaró dispuesta a reiniciar rápidamente las negociaciones de acercamiento con Belgrado.
Pero esta gestión está sometida a una evaluación de la voluntad real del nuevo gobierno serbio de cooperar con el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya.
En mayo de 2006, Bruselas suspendió sus negociaciones con Belgrado para sancionar su incapacidad en la detención de los fugitivos reclamados por la justicia internacional.
Entre estos últimos está el ex jefe militar de los serbios de Bosnia, Ratko Mladic, inculpado de crímenes de guerra y genocidio por la matanza de Srebrenica en 1995.
El martes, al presentar su programa de gobierno, Kostunica se comprometió a tomar «todas las medidas» para que la cooperación culmine rápidamente.
Un nuevo Consejo de seguridad presidido por Tadic y encargado de coordinar los servicios de seguridad fue creado recientemente.
Paralelamente, las autoridades parecen querer dar garantías lo antes posible.
En momentos que el parlamento sesiona para aprobar el nuevo gobierno, fue anunciada una fallida operación para detener a Ratko Mladic en Belgrado.
La acción fue criticada por los ultranacionalistas, que la vincularon con la visita anunciada del comisario europeo.
Kostunica destacó en su programa de gobierno que la adhesión a la UE es un «objetivo claramente proclamado», pero al referirse al tema de Kosovo subrayó que no será «una compensación por concesiones que afecten la integridad territorial de Serbia».
El tema de Kosovo es uno de los primeros que enfrentará el nuevo gobierno cuando el Consejo de seguridad decida próximamente sobre el nuevo estatuto de la provincia, administrada por la ONU.
La decisión será adoptada sobre la base de las proposiciones del mediador de las Naciones Unidas, Martti Ahtisaari, favorable a la independencia bajo control internacional.
La clase política serbia, prácticamente unánime, se opone a este plan y rechaza ver amputada una parte de su territorio, considerado como la cuna de Serbia.
Belgrado cuenta sobre todo con el apoyo de Moscú, que amenazó con vetar la resolución en el Consejo de seguridad.
Al felicitar a Kostunica y a los miembros del nuevo gobierno, el presidente Tadic también destacó que una de las prioridades es «la defensa de los intereses nacionales en Kosovo».