Cuatro analistas ofrecen su valoración sobre los primeros seis meses de la gestión de Otto Pérez Molina en el Gobierno; las iniciativas reformistas, el combate a la corrupción, la política de seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos son los temas de análisis sobre los que se plantean perspectivas de coyuntura y previsiones de mediano plazo.

REFORMISTA, NO

Cuando Otto Pérez Molina sea recordado en el futuro, no necesariamente será por impulsar una reforma a la estructura del Estado y del sistema. Al menos eso cree el analista político Juan Narciso.

“Es el primer gobierno de la democracia que consigue una reforma fiscal en casi un mes” y “la ley Antievasión II también es un logro de este Gobierno”, reconoce Narciso, pero considera que “esa situación no resuelve el problema del déficit fiscal y tampoco resuelve la autonomía de ingresos”. “Avanza a mejorar las condiciones de la recaudación, aunque no necesariamente mejora la estructura tributaria del país”, apunta el experto.

Por otro lado, estima que falta de una reforma política y de una reforma por la transparencia hasta la fecha “son dos fallas grandes”, pues se trata de temas prioritarios para el Estado que son débilmente promovidos por el oficialismo.

A criterio del experto, la ley del secreto bancario y la ley contra el enriquecimiento ilícito son fundamentales para cualquier proceso de transparencia,  y “si el Congreso no las aprobó hasta ahora, es porque los sectores económicos no van a permitir que salgan” y porque “los diputados se convirtieron en instrumentos de los sectores tradicionales”.

“En cuanto a la reforma política, yo creo que es conveniente; las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos son fundamentales e incluso debieron ser planteadas antes que la propuesta de reforma constitucional”.

Sobre la propuesta de reforma constitucional, Narciso considera que su futuro es incierto, debido a la negativa de diversos sectores de la población para apoyarla y estima que su contenido no aborda temas estructurales del Estado. “Los cambios no son sustantivos, pero eso no quiere decir que sean malos”, apunta.

Entre lo positivo, destaca el reconocimiento de los multiculturalidad y la “eliminación de los fideicomisos, pues ayuda al país y a las finanzas públicas, porque se asegura que el presupuesto de Estado se maneje en una sola perspectiva”.

No obstante, considera que “la propuesta adolece de elementos de justificación, y pareciera que no tienen una sustentación clara”, especialmente en los cambios en el sector justicia y la eliminación de la consulta popular, a la cual ya se dio marcha atrás.

Narciso estima que en los próximos tres años y medio el Presidente difícilmente podrá concretar cambios sustanciales para el país, por lo que estaría lejos de ser considerado como un reformista.

TRANSPARENCIA: TAREA URGENTE

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dice que “sería muy justo reconocer que la actual administración logró capitalizar un esfuerzo” iniciado años atrás, con la  reciente aprobación de la reforma tributaria, lo cual es resultado de un importante esfuerzo de consensos y diálogo que marca un hito en la época democrática de Guatemala.

Sin embargo, el analista cree que aún es necesario “replantear su enfoque en los aspectos de transparencia y combate a la corrupción”, pues “desde los primeros días, tras la toma de posesión, se empezaron a evidenciar serios problemas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por un lado, y en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por otro”.

Sobre el sector Salud, Barrientos critica “específicamente la adquisición de medicamentos a través del mecanismo de compra directa”, una práctica cuestionable que a su criterio consolida un sistema de opacidad en el Estado, ya que no garantiza que las adquisiciones sean beneficiosas para el sector público.

En cuanto al agro, el analista considera negativo el procedimiento utilizado en la compra de fertilizantes a través de un concurso que dejó más preguntas que respuestas: “Habían ofrecido que los fertilizantes ya no se iban a comprar a través de fideicomisos, sin embargo las asignaciones se las devolvieron a Fonades”.

Entre los aspectos calificados como “positivos” está la consolidación del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora se responsabiliza por la ejecución de los programas sociales, aunque aún no cuenta con la capacidad para ejecutar su presupuesto y cumplir con sus proyectos.
 
Por otra parte, “un episodio bastante preocupante fue la coyuntura en el cambio del Superintendente de Administración Tributaria; éste debió haber sido un cambio que evidenciara respecto a la institucionalidad de la administración tributaria, pero como fue de dominio público, se supo de presiones internas en el Gobierno”, resalta.

De acuerdo con Barrientos, “en general, la gestión gubernamental creo que ha tenido un nivel excesivo de influencia política partidaria en muchas instituciones y este afán de ubicar personas afines al partido oficial ha debilitado las instituciones”, por lo que el reto en el tiempo restante será fortalecer las instituciones para revivir la “capacidad administrativa y restituir los cuadros técnicos y administrativos”.

GOBERNABILIDAD, EL RETO

La seguridad “con mano dura”, que fue una de las principales promesas de campaña, es ahora uno de los temas más complejos en la gestión de Pérez Molina. En el Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias ofrece su visión sobre las luces y sombras de los primeros meses de Gobierno.

 “Ha habido pocas modificaciones en la política de seguridad; no hay indicadores sustantivos de que estemos frente a cambios”, apunta el analista, quien estima que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad e investigación son algunos de los principales retos para la gestión del Ejecutivo.

Sobre los resultados concretos, Asturias opina que “la reducción que sí ha existido en relación a homicidios y es un proceso que viene desde el Gobierno pasado, sobre todo, un producto de la buena coordinación entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que ha permitido desarticular una buena parte de las estructuras de extorsionistas y estructuras de sicarios”.

“En general, vemos que se ha respetado la legalidad y la institucionalidad y eso es algo que debemos no solo reconocer, sino plantear como un desafío”. La gobernabilidad, en el marco de un Estado democrático, es la garantía que necesita el país en el tiempo que resta de Gobierno.

Sin embargo, el experto critica la respuesta de las fuerzas de seguridad en conflictos sociales, como los ocurridos en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango y la reciente revuelta de los estudiantes normalistas que protestaron contra la reforma a la carrera de Magisterio.

En el primer caso, señala que “fue la primera vez que un conflicto social se atendió por la vía del Estado de Sitio, que significa básicamente la militarización de la respuesta del Estado, aunque afortunadamente solo duró unos 18 días”, mientras que en el conflicto estudiantil  “no han sabido comunicar” la propuesta y “su respuesta ha denotado la incapacidad de lograr acuerdos y consensos con sectores sociales”.

De acuerdo con el analista, se espera que el Gobierno estructure un sistema que se convierta en “un interlocutor de diálogo, y que desarrolle procesos que lleven a consensos”, para hacer frente a la conflictividad.

Como un aspecto relevante destaca que “hay un acento de militares en situación de retiro ocupando espacios de civiles”, justamente en las fuerzas de tarea, que son la principal modificación técnica y administrativa del Presidente dentro de la cartera de Gobernación.

CALIDAD DE VIDA

Sobre la necesidad de la población para mejorar su calidad de vida, el sindicalista José Pinzón señala que el Gobierno tiene importantes desafíos en aspectos sociales y de seguridad, que deben entenderse como una obligación del mandato presidencial y de su Gabinete.

De acuerdo con Pinzón, es “necesario que el Ejecutivo escuche más la voz del pueblo” y preste importancia a las manifestaciones de descontento con el sistema económico actual, como sucedió en la marcha campesina que se trasladó desde Alta Verapaz hasta la Ciudad Capital.

“El Presidente no puede eludir la realidad del pueblo, de la gente de a pie, que está urgida de una mejora calidad de vida, y para eso tiene que trabajar de lleno en la salud, educación, alimentación y trabajo, pero de calidad y con transparencia”, advierte.

Uno de los temas pendientes es el desarrollo rural, para el que todavía no se han planteado soluciones concretas que transformen la desgastada realidad del campo, que es el área más afectada por la pobreza y la desnutrición.

No obstante, el sindicalista advierte que entre los problemas y las soluciones se interponen los compromisos partidistas adquiridos en la campaña electoral, que muchas veces se perfilan como un obstáculo para alcanzar metas en inversión social. “Todos los gobiernos, desde Vinicio Cerezo hasta Pérez Molina, han debido pagar facturas a los poderes fácticos que han financiado todas las campañas”, apunta.

Pinzón también considera que la población necesita seguridad para mejorar sus condiciones de vida y recobrar la salud emocional, pero indica que los esfuerzos realizados hasta ahora son aún insuficientes para satisfacer la expectativa de la población.

“No quiero desconocer el resultado de las capturas de los supuestos implicados” en una banda de violadores, pero “de verdad que los guatemaltecos están esperando mucho más; sabemos que no es una tarea fácil, pero fue una promesa de campaña.

Por otro lado, destaca que la propuesta de “la despenalización de las drogas generó mucha expectativa” entre la población, a la que se le planteó la propuesta como una alternativa para combatir la violencia que genera el narcotráfico, pero al final “los resultados no fueron los que se suponían”.

En términos generales, dice Pinzón, la “impunidad y la corrupción siguen campando, como que si nada hubiese sucedido”, pues hasta la fecha no se han planteado reformas estructurales para esos dos temas.