La empresa Movistar reconoció en su sitio web oficial, que hubo un “error humano” por parte de un colaborador en el proceso de denuncia para reportar un teléfono robado y que realizan ajustes internos para mejorar;

Caso contrario de la empresa Claro, quien se justificó indicando que La Hora no culminó con el proceso de denuncia y por eso la información no fue subida a la Base de Datos de Teléfonos Robados (BDTR); activistas sociales califican de “absurdas”, las excusas de Claro.

En el sitio oficial de la Empresa Movistar, se lee textualmente: “Hemos realizado un proceso de investigación del caso publicado en el Diario La Hora, el 9 de julio de 2012, y se ha verificado que hubo un error humano en ese proceso, lo cual nos hace revisar y ajustar los procedimientos internos, para que de manera voluntaria y con el ánimo de coadyuvar con las entidades gubernamentales responsables del combate de este tipo de hechos delictivos, se logre agilizar todo proceso en beneficio de nuestros usuarios”,

En este espacio, se agrega, “Telefónica a propuesta en las diversas instancias algunos mecanismos que pudieron contribuir en el combate con este tipo de hechos delictivos, y continuará apoyando cualquier iniciativa que dentro del marco legal pueda sin afectar a las ciudadanas y ciudadanos probos, implicar una disminución de estos actos ilícitos que están lastimosamente fuertemente en nuestro país”, refiere.

Lea el comunicado de Telefónica en su sitio oficial para Guatemala en el siguiente link: http://www.movistar.com.gt/blog/comunicado-oficial-caso-periodico-la-hora

Ayer, este vespertino recibió vía correo electrónico, el pronunciamiento de Claro, quien se justificó y al mismo tiempo, se contradijo.  Esta declaración fue firmada por Enrique Castellanos, director corporativo de dicha empresa.

Uno de los argumentos de Claro fue: “en el presente caso, no se formalizó la denuncia, únicamente se pidió el bloqueo por teléfono.  El usuario no culminó el proceso de denuncia correspondiente, por lo que a los 8 días, el terminal reportado fue dado de baja a la BDTR, por no contar con la denuncia respectiva”.

De acuerdo con la empresa de telefonía aludida, su argumento se sostiene en el artículo segundo, del “Acuerdo interinstitucional para el reporte y denuncia del robo o hurto de terminales móviles”, suscrito el 6 de abril de 2011, entre la Gremial de Telecomunicaciones, el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

El caso ha generado varias reacciones por parte de representantes de la sociedad civil, que conforman el Movimiento Pro Justicia, que buscan y apoyan la aprobación de la Iniciativa de Ley de Registro Móvil para la Prevención y el Combate del Delito”.

Eleonora Muralles, directora de la organización Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), califica como “absurda”, la declaración de los representantes de Claro, pues esto parece más una trampa para los usuarios, que fueron afectados por un asalto.

“La ratificación es una trampa, si hubo denuncia debieron bloquear el teléfono en ese momento.  Por qué si una empresa (Tigo) lo hizo en ese momento, por qué Claro se justifica de esa forma, insisto es absurdo”, destacó Muralles.

Por otro lado, Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP), considera que la respuesta de dicha institución, es “ridícula”, pues si hay denuncia de “robo”, debe prevalecer la vida de las personas, no los intereses económicos.

Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala, invitó públicamente a las empresas de telefonía, para sentarse a la mesa y hablar sobre la Iniciativa de Ley que actualmente se discute en el Congreso, pues es urgente que se apruebe y que exista un marco legal que verdaderamente regule la situación.