El gobierno del presidente Otto Pérez Molina sumó la posición favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la causa de la reforma constitucional que está planteando a diferentes sectores de la población, y con los cuales ha sostenido reuniones de socialización para recibir observaciones que posteriormente se incluirían en el proyecto final del Ejecutivo.

La Corte Suprema de Justicia ve positiva una reforma constitucional que favorezca el incremento en la asignación presupuestaria al ente encargado de administrar la justicia en el país, además de la parte correspondiente a la carrera judicial.

El borrador original de la propuesta del gobierno decía que fuera la CSJ la encargada de designar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, aunque estas propuestas ya fueron retiradas por el Ejecutivo, la Corte se muestra a favor de designar a tres titulares a la CC y que otras entidades designen al resto de un total de nueve.

Sin embargo, los magistrados del Organismo Judicial consideran inadecuado separar la parte administrativa de la jurisdiccional, mediante la creación del Consejo Superior del Organismo Judicial que la propuesta inserta, que eliminaría competencias de dirección administrativa de la Corte Suprema de Justicia.

SE POLITIZARÍA

Respecto de la aprobación de la necesidad de una reforma constitucional expresada por la CSJ, Oswaldo Samayoa, del Instituto de Ciencias Penales de Guatemala, dijo que hay aspectos que se quedan cortos, pues la carrera judicial se deja solo para la Sala de Apelaciones y no contempla a los magistrados, por lo que eso “debilita” el proceso de la carrera judicial y “genera mayor politización en quienes deben dirigir la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial”.

Samayoa señaló que se debe tener alcance jurídico en el aspecto de multiculturalidad, que es parte de la propuesta de Pérez Molina en relación a los pueblos indígenas, aspecto sobre el cual el sector privado muestra reservas, pues considera que ese tema es diferente a lo que la ciudadanía estaría solicitando, que según su perspectiva es transparencia, seguridad y justicia.

Es importante hacer cambios al modelo del sistema de justicia actual, señaló Samayoa y “que la Corte diga que es necesario creo que es correcto” advirtió, pero se debe discutir mejor y hacer mayor análisis sobre cuáles son las necesidades para que el sistema judicial sea realmente independiente, enfatizó.

Sobre la posibilidad de que la reforma constitucional que plantea el Ejecutivo abarque varios temas que al final de cuentas sean incomprensibles, el experto señaló que todas las propuestas de reforma han sido sectoriales, por lo que no se pueden hacer propuestas sin incluir a los actores sobre los cuales se van a generar cambios.

Esto último, en referencia a las iniciativas de dos universidades que ideaban reformas al sector judicial, pero donde la opinión de la CSJ habría estado al margen.