Cámara Penal detecta acciones anómalas de funcionarios del Juzgado Segundo de Ejecución Penal del Organismo Judicial.
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La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer dos nuevas denuncias por cobros ilegales en el Juzgado Segundo de Ejecución Penal, en la Torre de Tribunales.
De acuerdo con la información, uno de los casos señala a Ulises Sosa, oficial Cuarto de dicho juzgado, de hacer un cobro ilegal de mil quetzales para realizar un trámite de “antecedentes penales por robo”.
Asimismo, el oficial Tercero de la Unidad de Atención al Público de la referida judicatura, Mario Roberto Morales Girón, fue denunciado por cobrar Q200 para tramitar el expediente de un privado de libertad.
El acta de denuncia de este caso refiere que, desde febrero, el oficial antes mencionado le insinuó a la conviviente de un detenido en la prisión El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, que le diera dinero para realizar su diligencia.
Al mes siguiente, la denunciante le entregó doscientos quetzales, porque el funcionario le dijo que le tenía que dejar algo de “dinero para realizar la unificación” y que al momento de realizar el trámite le debería entregar otra cantidad.
En el acta se señala que Morales Girón nunca realizó ninguna diligencia, por lo que la denunciante solicitó la sanción del oficial. Esta denuncia fue enviada a la Cámara Penal el pasado 9 de julio.
Información del Organismo Judicial confirmó que estas denuncias de corrupción, así como una más donde se señalaba que el oficial José Eduardo Elías Estrada, del mismo juzgado, cobró Q450 por una certificación de la ejecutoria, fueron remitidas a la Supervisión General de Tribunales (SGT) para que realice una investigación administrativa y determine si los oficiales referidos incurrieron en delitos; estas diligencias, previas a enviar la denuncia al Ministerio Público.
En anteriores declaraciones, el magistrado César Barrientos, presidente de la Cámara Penal, explicó que en el caso de las actuaciones administrativas de los funcionarios de la justicia, la denuncia podrá plantearse ante la Junta de Disciplina Judicial, quien se encarga de conocer los procedimientos o faltas en que pueden incurrir los administradores de justicia, así como establecer las sanciones disciplinarias.
LABOR DEL JUZGADO
Los juzgados de ejecución penal tienen a su cargo la labor de remitir los expedientes que no estén en trámite de ejecución o extinción de la pena, para concluir con los procesos penales.
El Juzgado Primero de Ejecución Penal conocerá los casos de Guatemala, Santa Rosa, Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez. El Juzgado Segundo de Ejecución Penal, tiene a su cargo los casos de Guatemala, El Progreso, Chiquimula, Izabal, Zacapa, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Jalapa, Jutiapa y Petén.
Mientras que el Juzgado Tercero de Ejecución Penal, conoce los casos Quetzaltenango, Sololá, Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Suchitepéquez, Totonicapán y Retalhuleu.