Regresar a lo básico, es decir, quitar del proyecto de reforma constitucional aquellos aspectos que tendrían que ser regulados por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no sólo tiene toda la lógica del mundo por cuestión de la jerarquía de las normas, sino que además constituye un verdadero test para que la ciudadanía pueda calibrar la actitud del Congreso y ver si los diputados están realmente comprometidos con el interés nacional o si simplemente siguen aferrados a sus muy particulares y perniciosos intereses.

Para empezar, haría falta desentrampar la agenda legislativa, lo cual no es cosa fácil, puesto que tendría que llegarse a acuerdos fundamentales entre las bancadas para darle paso al debate de las cuestiones importantes. Hay muchas leyes que se encuentran entrampadas y que no se discuten en el pleno, lo cual al final de cuentas ha resultado sumamente ventajoso para muchos sectores, destacando entre ellos el del empresariado organizado que hizo su cabildeo con medios de comunicación para torpedear la ley contra el enriquecimiento ilícito que regulaba el tráfico de influencias y eso no fue del agrado de poderosos sectores que han hecho de esa práctica su medio de vida para garantizarse enormes ganancias en medio de la corrupción administrativa.
 
 La idea misma de la reforma constitucional planteada a Pérez Molina tiene un problema de raíz difícil de resolver y es que todo tiene que pasar, de una u otra manera, por el Congreso de la República. Y aun suponiendo ingenuamente que la iniciativa del Gobierno no tuviera gato encerrado, nadie puede descartar que en el Congreso hagan micos y pericos con el proyecto para sacar un mamarracho que al final termine consagrando de manera absoluta esos privilegios que han sido fuente de tanta corrupción. Porque la reforma del sistema no puede pasar por alto la necesidad de regular de manera diferente el financiamiento de los partidos políticos, puesto que es allí donde se produce el secuestro de la democracia.
 
 La gente acude cada cuatro años a las urnas encandilada por la propuesta propagandística que se difundió gracias a la millonaria inversión que se hizo en publicidad para promover promesas que ni el candidato pensó nunca en honrar, ni el ciudadano pensó nunca que llegarían a ser realidad. Es una especie de juego ya pactado en el que el elector espera por la mejor promesa, sabiendo que es la mejor mentira, pero al final de cuentas es eso lo que decide las elecciones y para que la mentira sea conocida por todos hace falta mucho dinero que ponen sobre la mesa los que se han ido convirtiendo, así, en verdaderos dueños del país.
 
 Y cualquier salida que hoy se proponga está contaminada por ese vicio original. El Congreso fue electo en el marco del secuestro de la democracia por los financistas y lo mismo pasaría con cualquier Constituyente. Por ello es que romper el círculo es fundamental y ello únicamente es posible si le entramos de lleno a la reforma política que coloque a los partidos al margen de esa dependencia absoluta del financista. Cierto es que aun si el Estado decide financiar y cubrir el monto de las campañas, lo que sería más barato para la población que pagarle la inversión a los que sufragaron las campañas de los partidos, nada impediría que los políticos se sigan vendiendo, pero se abre la oportunidad a movimientos de mayor transparencia para emprender un camino de rectificación del modelo democrático del país y la responsabilidad del ciudadano sería mayor, porque le tocará elegir a los que no estén amarrados y comprometidos con el dinero sucio que hoy está en todos y cada uno de los partidos.