Diferentes investigaciones periodísticas y conversaciones que surgen de inquietudes sobre el quehacer público, resaltan el tema del cáncer que carcome la institucionalidad del Estado guatemalteco, y que se refiere a las colusiones de todo tipo: léase desde los financistas de campaña, hasta los tradicionales “metidos” en los partidos políticos que intentan pasar de zope a gavilán, usufructuando las confianzas e influencias.
En referencia con este tipo de colusiones, lo que sorprende hoy en día es la cantidad de entes, léase ministerios, entidades descentralizadas y fondos sociales que están las veinticuatro horas del día viendo cómo pegan el tradicional “pelotazo”, al estilo de lo que sucede en el Fondo Social de Solidaridad, que ha sido la comidilla del día en los medios.
Al respecto de éste, y otros fondos como el Fonades y Fonapaz, cabe señalar que los mismos se alimentan de buena manera de recursos que representan un tremendo sacrificio fiscal, como es el caso del situado IVA-PAZ, que descuenta recursos preciosos de dicho impuesto, que es la columna vertebral de la tributación, y los canaliza directamente a los alcaldes, los líderes de los consejos de desarrollo y por supuesto a los diversos y misceláneos fondos sociales que pululan en el medio.
En el caso de la obra pública, los diversos esfuerzos de investigación periodística que se publican en La Hora y los matutinos más importantes, señalan claramente las tremendas deficiencias que devienen de la contratación de inversión pública en infraestructura, y que comienzan con la presentación de sociedades anónimas de gran opacidad, que adicionalmente no tienen experiencia en los ramos especializados de la obra pública, pero sus socios hacen el lobby respectivo y se embolsan los más jugosos réditos, a costa del contribuyente.
Se llega al colmo en las juntas licitadoras convocadas, que los adjudicadores de obras complejas, como dragado de ríos o trazado de caminos vecinales no llegan a integrar dentro de la junta a un solo ingeniero civil o arquitecto colegiado, y de que las bases son discriminatorias, como para que sean adjudicadas con dedicación a firmas de influyentes cabezones.
Todos estos sucesos evidentemente desaniman a la población honrada y trabajadora, que a veces se organiza en diversas redes con el ánimo de proponer reformas constitucionales o bien leyes específicas, y que oye día con día el quejido de los funcionarios de que no hay pisto, pero observa paciente que se dilapidan recursos en empresas de poca monta y experiencia cuyo principal cometido es repartir comisiones por doquier, para gozar de las plusvalías generadas por adjudicaciones en donde se premia la influencia y no el mérito técnico.
Resulta evidente que uno de tantos de estos contratos tan opacos, para llegar a ser adjudicado, ha pasado por una regadera de pago de comisiones bajo la mesa, desde empleados menores hasta los más altos jerarcas de las instituciones respectivas.
El país se encuentra en una delicada encrucijada: conviviendo en una región geopolítica en donde la narcoactividad hace de las suyas, y en donde proliferan las acusaciones de corrupción. Se habla de diversas reformas, pero no se sabe si ello se hace como un disuasivo para mantener ocupada y “esperanzada” a la población. Sin embargo, es fácil darse cuenta que el toro no está siendo agarrado por los cuernos, y que eso del combate en contra de la corrupción es “tortas y pan pintado”.