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Por lo mismo es válido que se plantee la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente porque  de nada sirve si los actuales diputados se convierten en juez y parte en las reformas. Sería imposible que el Congreso no decida los cambios en función de sus propios beneficios y los beneficios otorgados a los partidos por la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos. Es razonable la duda por la similitud de posiciones de los partidos políticos, para lograr beneficios adicionales, en detrimento de los intereses nacionales.
Son muchos los factores que provocan duda en el actuar del Congreso, quisiera señalar algunos. La incapacidad personal, la inexperiencia y el desconocimiento de la realidad nacional, el nepotismo, las triquiñuelas, la corrupción, el abuso de algunas bancadas en la utilización de la figura de la interpelación, la manipulación o intromisión en las grandes decisiones del Congreso por parte de otros poderes de estado y viceversa.
Claro está que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no requiere de una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente  por ser una ley ordinaria, pero sí esta propuesta de reforma puede incluirse en el paquete de leyes que requiere el Estado para su refundación y modernización, porque no queremos más de lo mismo con parches por aquí y parches por allá, es fundamental que la propuesta a consensuar con la ciudadanía se base en cinco ejes. Seguridad y justicia, derechos humanos, política, transparencia, y área fiscal, ejemplo: 
1) SEGURIDAD Y JUSTICIA:
– Profesionalizar al personal administrativo y policial de la Policía Nacional Civil.
– Capacitar y profesionalizar al Ministerio Publico como ente investigador.
– Reestructurar y despolitizar la elección de magistrados de Salas,  Corte Suprema, y Corte de Constitucionalidad, redefinir la carrera judicial.  
– Establecer un periodo de cinco años para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad.
– Abolir las comisiones de postulación y establecer un nuevo procedimiento de elección. 
2) DERECHOS HUMANOS:
– En esta normativa deberá establecerse que los derechos inherentes a la persona humana están encima de cualquier interés individual o colectivo. 
3) POLÍTICA:
– Principalmente deberá consensuarse con los distintos sectores una reducción al número de diputados al Congreso de la República  y establecer un tope, eligiéndose a mitad del periodo presidencial conjuntamente con las corporaciones municipales (diputados por voto nominal).
– La elección: de presidente será conjuntamente con la de los  gobernadores departamentales y por un mismo periodo. 
– Financiamiento: EL techo del gasto de campaña deberá reducirse significativamente y regularse las cuotas y donaciones que se den en materia de campaña y rechazar cualquier intento de aumentar el monto por voto obtenido.
– Eliminar las diputaciones por listado nacional y la elección de diputados al Parlamento Centroamericano (que únicamente ha servido de botín  y refugio de dinosaurios y talibanes de la política nacional).
– Limitar la reelección a dos periodos a diputados, alcaldes, y gobernadores.
– Definir el concepto de proselitismo y de campaña para terminar con argumentos ridículos.   
– Establecer sanciones drásticas que contemple la cancelación definitiva de la organización que infrinja la ley de manera reiterada.
4) TRANSPARENCIA:
– Mejorar la transparencia en los procesos administrativos, eficaz el gasto público, creando un mecanismo propio de exigibilidad. (Abolir el secreto bancario) urgir la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito.
5) ÁREA FISCAL:
Fortalecimiento de los ingresos tributarios y limitación de privilegios fiscales, ataque frontal contra el contrabando aduanero.
Como ciudadanos conscientes  de la modernización del Estado hagamos nuestra la lucha por las reformas a la Carta Magna. Sumémonos todos.