El magistrado César Ricardo Barrientos Pellecer, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reaccionó ante la investigación publicada ayer por La Hora, donde se señala que solo dos de las tres compañías telefónicas que operan en el país subieron a la BDTR la denuncia por robo de teléfonos móviles.

De acuerdo con Barrientos, se espera que inmediatamente después de producirse el robo de celulares, pudieran funcionar los mecanismos de bloqueo del teléfono para impedir que sean reutilizados y evitar que sean revendidos en el mercado negro, “sobre todo porque muchos de estos teléfonos son utilizados en extorsiones y otras actividades delictivas, entonces es importante que se establezca la obligación de llevar a cabo el bloqueo y los procedimientos establecidos para que sea inmediato”.

“Para evitar la práctica de una sociedad que compra con facilidad aparatos telefónicos de dudosa procedencia, hay que fortalecer los mecanismos que impidan el tráfico de celulares” consideró.

Al consultar al magistrado acerca del impacto que tendría en los tribunales de justicia que los procedimientos establecidos en la ley para este tipo de casos, efectivamente se realizaran, indicó que la expectativa de todas las leyes es resolver problemas, prevenirlos  y establecer los procedimientos para evitar las consecuencias negativas que se producen con motivo de las actividades ilícitas y sobre todo en ese caso que se pueden desprender por el robo de celulares, como extorsiones, asesinatos, amenazas o intimidaciones.

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