Movidos por la intención de generar un debate objetivo no basado en presunciones, La Hora realizó una investigación única que no se originó por filtraciones, sino como consecuencia de la inquietud de conocer cómo funcionaba exactamente el sistema de denuncia del robo de celulares y su respectivo tratamiento por la telefónicas.

El trabajo fue arduo y la sorpresa enorme porque se compró un celular de cada compañía, se procedió a denunciarlos como robados, luego se compró un nuevo chip (número) y resultó lo que ya todos sabemos, Claro y Movistar no bloquearon el celular, permitiendo su uso, mientras que Tigo sí procedió al bloqueo. No hubo necesidad de “flashearlos” para que funcionaran.

El presente caso es sumamente complejo porque las operadoras han manifestado que no existe necesidad alguna de proponer nuevas leyes, toda vez que las vigentes son suficientes para erradicar el problema y que en todo caso, se tienen que fortalecer las penas relativas al flasheo de celulares, hecho que según ellos mencionan, altera el IMEI de los teléfonos como que si fuera el chasis de un carro.
Han sido enfáticos en oponerse al Registro de Teléfonos Móviles esgrimiendo que ello les representaría un problema administrativo de proporciones inimaginables, además que se castigaría a los buenos usuarios que actúan en el marco de la ley y que la implementación de un registro así, ha fracasado en otros países.
Dicho todo lo anterior, el gremio enfrenta un panorama complicado derivado de las omisiones de Claro y Telefónica de alimentar en la base de teléfonos robados (BDTR) los IMEIS de los aparatos que fueron denunciados y que por tanto, al tan solo cambiarles chip, han seguido funcionando sin ningún problema.
A ello, se le debe sumar las declaraciones del titular de Superintendencia de Telecomunicaciones que dice que su representada está de manos atadas, a pesar que la ley es clara al establecer una sanción monetaria en la fase administrativa; el funcionario dice que la entidad estatal depende de la voluntad de las empresas de teléfonos.
Yo he sostenido que para pensar en resolver el problema, primero debemos demostrar que se desea encontrar solución y el punto de partida para ello tendría que ser el estricto cumplimiento por parte de las operadoras de la ley vigente y por ello es que la omisión de Claro y Telefónica pone en un brete a la industria, que hasta el momento no se ha pronunciado.
Así como en el pasado se ha señalado la falta de voluntad, en este caso existe la harta obligación de reconocer que Tigo, por las razones que sea, cumplió con la ley y procedió al bloqueo del celular. Solicitó un requisito que no está en el convenio firmado con el Ministerio Público, pero el aparato en su estado natural no se podrá volver a usar.
Ya llegará el momento de discutir con madurez, seriedad y profundidad cuales pueden ser las soluciones de mayor efecto que nos permitan erradicar el problema desde la raíz, pero mientras tanto debemos concentrarnos en que se cumpla con la ley vigente, extremo que lastimosamente no está ocurriendo y así quedó evidenciado.

En esta ecuación no podemos dejar por fuera a una sociedad que no detiene la compra de celulares robados, siendo el cómplice perfecto de quienes no están cumpliendo con la ley, ya sea porque activan o venden celulares de ilegitima procedencia. Si no entendemos que como ciudadanos somos corresponsables, para bien o para mal, jamás lograremos romper el círculo.
 Reconociendo lo anterior, es vital entender que las empresas de telefonía son un eslabón clave para evitar la mafia del crimen, porque si colaboran a subir a la BDTR y se resisten por tanto a seguir permitiendo en su red celulares robados, el problema del robo encontraría en ellos una primera pieza sólida.
El tema es tan preocupante e importante que requiere voluntad de todas las empresas, autoridades y ciudadanos,  para resolver un problema demasiado serio que causa drama y dolor. Nuestro esfuerzo continuará para aportar nuestro grano de arena de forma profesional y objetiva procurando una solución en bien del país y su gente.