Varios son los grupos organizados de la sociedad que se han manifestado en contra de la propuesta de reforma constitucional del Organismo Ejecutivo, sin embargo, ayer, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) oficializó su postura adversa hacia las modificaciones de la Carta Magna.

Aunque la semana pasada la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció en contra de la propuesta de reforma gubernamental y solicitó una audiencia con el presidente Otto Pérez Molina para una aclaración del articulado a modificar, fue hasta ayer cuando el sector empresarial aglutinado en el CACIF manifestó su postura oficial.

El sector empresarial considera que, desde su perspectiva, la modernización del Estado que busca el gobierno puede hacerse a través de leyes ordinarias.

Andrés Castillo, presidente del CACIF, dijo a La Hora que “el paquete, como está, no lo apoyamos”, pues los temas que convocan a la ciudadanía son básicamente tres -transparencia, justicia y seguridad- a los que se pueden hacer cambios importantes modificando leyes ordinarias que se deben priorizar en el Congreso.

Entre estas destacan leyes como la de transparencia, de amparo, Organismo Judicial, Contraloría General de Cuentas y Electoral y Partidos Políticos. Según Castillo, con modificaciones a esas leyes se lograría lo que busca el Ejecutivo.

SIN INTERÉS POLÍTICO

Lo que mueve al sector privado, según el CACIF, no son intereses políticos, sino las necesidades de país, pero más importante que eso, “es que los otros organismos, tanto el Legislativo como el Judicial se comprometan, porque de nada sirve estar modificando, proponiendo o pasando  leyes si de todas maneras no las van hacer cumplir o las van hacer cumplir a unos pocos nada más”, dijo tajante el empresario.

Sin embargo, sobre la posibilidad de que en el Congreso se analicen las leyes que propone el CACIF como prioritarias, considerando que tiene en fila aproximadamente una decena interpelaciones a ministros de Estado, Castillo agregó que en ese Organismo debe dejarse el tema político y definirse una agenda de país.

Y además, son los tres Organismos de Estado a los que debe exigirse resultados y no solo enfocarse en el Presidente, según señaló.

El dirigente empresarial agregó que hay artículos como los de incremento de presupuesto al Organismo Judicial y al Ministerio Público que “son buenas propuestas” y se ven viables,  pero la contrapartida es que “nadie sabe cuánto ejecutan al día de hoy”, pero que hay otras formulaciones “que no tienen nada que ver con lo que la ciudadanía está pidiendo”.

Además, “el gran problema” es que nadie puede garantizar que lo que se propone se apruebe, porque “en el Congreso cada quien puede modificarlo, ampliarlo o restringirlo”, y luego pasar a Consulta Popular, dijo Castillo.

Según el empresario, si los mecanismos de las leyes ordinarias que se modifiquen se cumplen se tendría éxito, porque hay suficiente legislación y se suele creer que hay que hacer una ley específica para cada caso, “eso es imposible. Así no vamos a terminar de legislar nunca”, enfatizó.

Por aparte, Raquel Zelaya, secretaria Ejecutiva de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asies), dijo que el CACIF debe ser más explícito en sus planteamientos, y que por esta vez, debería darse libertad a las cámaras que aglutina para que cada una se pronuncie, porque con la cantidad de cámaras actuales, el consenso se dificulta.

CONTINÚA APOYO

Sobre el apoyo empresarial que el Ejecutivo gozaba al inicio de su gestión, Castillo dijo que el sector privado estuvo de acuerdo en unas cosas y en otras naturalmente no. Que sería el caso de la Actualización Tributaria, donde argumenta que no se les escuchó y consecuencia de esas aprobaciones en tiempo record, son los inconvenientes con la ley de aduanas y faltaría percibir el efecto en 2013 de las modificaciones tributarias. Sin embargo, continúan manifestando su apoyo al mandatario.