Todos los sectores que han opinado sobre la propuesta de reforma constitucional han manifestado reservas con relación a alguna o varias de las normas que se pretenden modificar, pero la tajante postura del empresariado que se aglutina en el CACIF al rechazar la propuesta viene a ser como ponerle la tapa al pomo, porque es obvio que el gobierno actual no irá a remar contra la corriente para enfrentarse al sector que con más entusiasmo recibió su elección y el que le apoyó de manera consistente durante la campaña.

Supongo, tomando en cuenta los antecedentes y el caso concreto de la idea de legalización de la droga, que el gobierno seguirá promoviendo públicamente y con menos fuerza su propuesta de reformas, para luego dejar que la cuestión se vaya diluyendo entre la opinión pública. Imagine el lector que ahora queda el sector campesino que dijo que apoyarían la iniciativa de cambiar la Constitución si se toman en cuenta sus demandas, mismas que tienen mucho que ver con lo que contiene la Ley de Desarrollo Rural que ya fue también vetada por el gran poder del empresariado nacional. Por supuesto que con apoyos como el del movimiento campesino, el plan del gobierno no irá demasiado lejos.
 
 Y no es que no sea necesaria la reforma del Estado ni que la Constitución actual sea perfecta y no demande modificaciones. Se trata de la forma en que se plantea la iniciativa del gobierno, puesto que en la misma se nota el gato encerrado a partir de los intereses representados por algunos de los convocados por el mandatario para que conformaran su grupo asesor. No se ve una visión de Estado, una visión que englobe un proyecto de nación, sino que se puede apreciar que algunos vieron la oportunidad para volver a meter sus particulares goles, utilizando sus experiencias pasadas, para servir adecuadamente a los sectores para los que siempre han trabajado.
 
 En medio de sus elucubraciones no se percataron, ni siquiera, de que estaban abriendo una caja de Pandora para colocar ya no sólo al poder judicial sino a una amplia parte de la estructura del Estado bajo la perniciosa influencia de quien controla a jueces y magistrados que reciben prebendas como viajes de “especialización” en el extranjero.
 
 Es tiempo de que el gobierno del presidente Pérez Molina principie a trabajar sobre planes sólidos, bien elaborados y estructurados en vez de persistir en ese continuo lanzamiento de globitos que al final le hacen daño, porque no se vaya a creer que la idea de legalizar la droga pasó sin consecuencias, toda vez que sí terminó enturbiando la relación del gobierno con el de Estados Unidos y por mucho que se haya mantenido el disgusto y el distanciamiento dentro de términos civilizados, no quiere decir que no dejara cicatrices que hacen daño.
 
 Hay mentes demasiado truculentas que aun viendo el camino recto para llegar a un punto, prefieren devanarse los sesos para encontrar el extravío porque su especialidad es, precisamente, aconsejar ese tipo de vericuetos, de movimientos que tienen mucho de finta para desubicar no sólo al enemigo sino a toda la opinión pública. Pueden ser mentes brillantes, como las que hay en el seno de la comisión de reforma constitucional que formó el Presidente, pero esa brillantez no es para lo sencillo, para lo que fácilmente podemos identificar como necesario para una reforma profunda del Estado, sino que es para el enredo cuidadoso de los temas.
 
 Por ello es que el gobierno no emprendió el camino sencillo de avanzar en la lucha contra la corrupción como punto de partida de su empeño de reforma del Estado, ni atacó al corrupto sistema político que la causa. Si hubieran avanzado primero en esas líneas, aglutinan a la población alrededor de la necesidad de esos y de otros cambios más profundos.