Desde hace tiempo se viene hablando de la necesidad de una reforma constitucional en Guatemala, y ahora se sugiere que un evento de esta naturaleza sólo sucede cuando existen complicaciones políticas en el contexto nacional y por ello se llevan a cabo. Pero ahora, en el caso guatemalteco, se supone que nada de eso existe y por tanto sería un proceso saludable.

Claro está que cada vez que se desarrollan movimientos de este tipo, ya sea para mover estructuras o consolidarlas de parte de grupos económicos sucede que las leyes fundamentales se modifican para dar cabida a las nuevas formas en que los recursos económicos de un país van a explorarse.

Esta semana, parte del sector económico del país puso el grito en el cielo porque supuestamente el presidente Pérez Molina pretendería que el gobierno forme parte de la sociedad de una empresa minera, cualquiera que ésta sea. Y esa es la complicación que a los empresarios que expusieron sus motivos de duda les preocupaba, porque no se trata de una o dos empresas sino de cualquiera. Sin embargo, ya el Presidente salió a calmar el pánico.

El pretexto del gobierno de querer participar en empresas mineras hasta por cuarenta por ciento del total accionario sólo puede interpretarse de dos formas:

La primera es que al presidente Pérez Molina se le haya movido el suelo y ahora pretenda que el Estado en realidad se logre financiar a través de la explotación de recursos no renovables, que dicho sea de paso nada tiene de malo, pues por el contrario, ese tipo de recursos es propiedad del Estado y no de empresa o comunidad particular. Eso debe quedar claro. En ese momento, esos recursos son del Estado.

Por tanto, bien se haría en que sean explotados de forma estatal y no necesariamente por empresas privadas, aunque eso todavía se vea como ideas antiguas.

Por otro lado, está la situación que también saldría al escenario y es que, sin remedio, hay ocasiones en que las empresas privadas, aunque lo nieguen y le echen pestes al Estado simplemente lo necesitan para iniciar con el desarrollo de ciertas actividades productivas, sobre todo cuando no son rentables en las primeras fases y ya que el primer gran sacrificio fue hecho y es más cómodo llegar y comprar a precio de remate.

Es decir, que en primer lugar, aunque por ahora se opongan, la medida podría estar dirigida a que el Estado ponga sus recursos en el desarrollo de algunos proyectos, en los que la primera fase es una de las más costosas y luego, al confirmar que la actividad en efecto es lucrativa caerse de nuevo con la venta de esa empresa estatal. Y si por el contrario, sucede que no es rentable, pues el Estado pierde.

Esas serían las primeras dos interpretaciones que pueden desglosarse de este tipo de movimientos, pues yo no me creo que el Presidente así nada más quiera hacerse cargo de una empresa estatal, que seguramente, luego habrá que vender, porque el pretexto per se de que el Estado es ineficiente todavía está muy asentado en buena parte de los que hoy son líderes de cada sector, sea éste el político o el económico, que al día de hoy, la combinación ha resultado casi perfecta.