La CSJ analiza las propuestas a reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo. Las universidades y Asies habían presentado el año pasado una propuesta para reformar constitucionalmente al sector justicia.
jgarcia@lahora.com.gt
El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CJS) conocerá hoy las propuestas a las reformas constitucionales al sector justicia, impulsadas por el Ejecutivo, en donde se busca la modificación de 17 artículos relacionados con este poder.
En el 2011, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), y las universidades de San Carlos y Rafael Landívar, presentaron un informe donde proponen la reforma de 12 artículos constitucionales, orientados en 6 ejes relacionados con el sector justicia, donde coinciden con el poder ejecutivo en establecer una carrera judicial y con el aumento del período presidencial en la CSJ.
En su propuesta, Asies y las universidades señalan que el artículo 205 de la Constitución, en el literal C, el que establece la no remoción de los jueces y magistrados, debe ser sustituido por la garantía de la carrera judicial; en ese sentido coincide con la propuesta de Otto Pérez Molina. También se igualan en la reforma total del artículo 208, donde se menciona la ley que regule la carrera judicial, donde se establece que abarque desde la judicatura de paz, hasta la magistratura de la Corte de Apelaciones. De la misma forma, se recomienda la modificación parcial del artículo 214 y la total del artículo 215.
En dicha propuesta no se menciona la reforma que el Ejecutivo propone del artículo 218, Integración de la Corte de Apelaciones, donde buscan que se cree un tribunal de la misma categoría.
ASISTENCIA GRATUITA
Sin embargo, en la propuesta del año pasado se sugirió el reconocimiento constitucional del derecho a la asistencia legal gratuita y de la carrera del defensor público (Art. 222 “A”), ya que según mencionan, que si bien en el país existe la asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos económicos involucradas como sindicados o víctimas en procesos penales, la necesidad de los guatemaltecos con esas condiciones económicas está presente en los conflictos legales de todo orden: civil, laboral, administrativo y otros.
En ese sentido proponen reformar el artículo mencionado, para que el derecho a la asistencia legal en todas las direcciones sea prioritario.
La asociación también propone la regulación de los requisitos y la forma de ingreso a la carrera fiscal y policial.
MP Y PNC
En relación al Ministerio Público (MP), señalan que la propuesta de reforma busca la modificación de la forma de ingreso, los ascensos, traslados, sanciones disciplinarias y demás cuestiones inherentes a la institución, a efecto de garantizar la independencia e idoneidad de los fiscales.
Para la Policía Nacional Civil (PNC), proponen el reconocimiento institucional y la estabilidad de su integración y funcionalidad; pues indican que hay una ausencia de regulación constitucional sobre el órgano encargado de la seguridad de la población.
“El cuerpo de seguridad debe estar regulado constitucionalmente para evitar las constantes variaciones que ha sufrido su cuerpo normativo, que ha respondido a las tendencias de los diversos gobiernos de turno, resultando en una deformación de su institucionalidad”.