La Junta Directiva de la Asociación de Constituyentes, a través de un comunicado, criticó la propuesta de reforma constitucional que intenta impulsar el Gobierno, considerando que reduce la República, así como que sería un retroceso con respecto a la Constitución de 1985.

El comunicado está firmado por Danilo Parrinello Blanco, como presidente de la asociación; Aquiles Faillace Morán, secretario y director general; Víctor Hugo Godoy Morales y José Alfredo García Siekavizza, primer y segundo vicepresidentes; Baudilio Ordóñez Mogollón, tesorero, y Aída Mejía de Rodríguez y Juan César García Portillo, vocales primera y segundo.

Resaltan que los cambios para modernizar el Estado sí son necesarios, y por ello comprenden la propuesta del presidente Otto Pérez Molina, sobre todo, la consideran adecuada como una reacción ante el “entrampamiento del Organismo Legislativo y la pobre capacidad de la respuesta estatal a la problemática nacional”. Sin embargo, consideran que modificar la Carta Magna no es el camino correcto.

En cuatro puntos, detallan algunos de los retos para modernizar el Estado y las razones por las que se oponen. En primer lugar, señalan que esta propuesta, al igual que la de 1993, provoca una “reducción” de la República, es decir, que le restan poder al sistema de pesos y contrapesos, reduce los ámbitos de la democracia y disminuye el poder de la ciudadanía.

“Para un pueblo que ha padecido autoritarismo a lo largo de su historia esto representa un paso atrás cuando aún estamos aprendiendo a desenvolvernos en libertad”, opinan a través de este comunicado.

MAYOR REPRESENTATIVIDAD

En un segundo punto, los exconstituyentes consideran que el Congreso de la República debería mantener sus facultades, y no retirarle la potestad de controlar otras instituciones. “Lo que necesitamos es mejorar la representación política. Que los diputados sean representantes del pueblo soberano y no se consideren ellos representantes soberanos que solo velan por sus intereses”, opinan.

Entre las propuestas de reforma constitucional, el Ejecutivo ha sugerido que se limite el número de diputados a 140 representantes, de los cuales 120 son distritales y el resto por listado nacional. Además, se limita el ejercicio de las interpelaciones, a que solo se refieran a asuntos ministeriales a preguntas básicas de un cuestionario que se entregaría 48 horas antes, y las repreguntas podrán hacerse siempre y cuando se refieran a las preguntas básicas.

Analistas consideran, también, que más que una reforma constitucional se debe hacer una reforma electoral, para cambiar el modo en cómo se eligen a los funcionarios, sobre todo diputados, de manera que pueda ofrecerse mayor representatividad y que los financistas de campaña no puedan hacer presión una vez asuman sus cargos.

REFORMA DE JUSTICIA

Los exconstituyentes también se oponen al cambio que establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sean quienes elijan a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Igualmente nociva será la dependencia de la justicia constitucional y electoral de la CSJ. Esto hará que su control sea más simple para los poderes fácticos o corporativos”, explican en su análisis en el comunicado ya citado.

En un cuarto punto, siempre con respecto a la justicia, los firmantes consideran que reducir la impunidad no pasa por reformas constitucionales, sino fortaleciendo el ejercicio penal. Asimismo, se deberían hacer esfuerzos para resolver la conflictividad comunitaria, ambiental, laboral y agraria con amplio consenso social, como estrategia para una justicia social.

“La Constitución de 1985 marcó un hito en el reconocimiento de los pueblos originarios y su derecho a la diferencia. Sin embargo, aunque la reforma propuesta pretende un avance, en realidad retrocede al desconocer las formas propias de organización social de esos pueblos y el carácter de patrimonio cultural de sus idiomas”, concluye el comunicado.