El Presidente ha vivido una semana intensa en la que ha compartido con diferentes sectores su propuesta de reforma constitucional y en pocos días esa consulta corporativa empezará a rendir el resultado de las respuestas que los grupos de poder ofrezcan al Ejecutivo respecto al contenido del proyecto. Una propuesta de tal envergadura y que pretende constituir un nuevo pacto social, debiera ser por lo menos trasladada a la población en general porque el país no es propiedad de foros, cámaras, grupos sociales, dueños de medios de comunicación, dirigentes de los partidos o rectores universitarios.

Su opinión puede ser valiosa e importante, pero también lo debe ser la de la gente de la calle, esa que sufre todos los días el deterioro de nuestras instituciones, la falta de justicia y la persistencia de un modelo que estimula el desarrollo sacrificando la equidad.
 
 De alguna manera la opinión que ayer expresó la señora Sandra Torres puede ser un buen resumen de lo que se percibe como reacción de quienes ya van adelantando opinión sobre la reforma. El presidente Otto Pérez Molina pareciera tener muy buenas intenciones, pero muy malos asesores, dijo la polémica mandamás del gobierno anterior y cuando se pone atención a lo que poco a poco van diciendo algunos columnistas, algunos voceros de los sectores a los que han presentado el proyecto y uno que otro comentarista espontáneo, puede anticiparse que en general hay más dudas que beneplácito y que los cuestionamientos terminan siendo de muy amplio espectro.
 
 Es natural que en una reforma tan amplia como la que se propone el Gobierno existan coincidentemente ideas buenas con otras discutibles o francamente negativas. De acuerdo a los antecedentes, se nos pedirá a los ciudadanos que pongamos en una balanza lo bueno y lo malo para que, al final del proceso, respondamos a una pregunta única, sobre si estamos de acuerdo con el paquete de reformas. No es extraño que, en ese panorama, apenas una minoría acuda a las urnas.
 
 Todo lo anterior es sin perjuicio de que aún no estamos frente a la última palabra. El Gobierno mismo, se supone, tomará en cuenta observaciones que le hagan los sectores convocados y por mucho o poco que influyan, obviamente tendremos otro parto de los montes cuando se reúnan los asesores presidenciales para conciliar diferentes puntos de vista. Y después el proyecto pasaría a los que sí que tienen la última palabra, nuestros flamantes diputados al Congreso de la República, quienes han de conocer el proyecto y, en ejercicio de sus facultades constitucionales, le podrán poner o quitar según su sabor y antojo para definir, con el voto de dos terceras partes, cuál es la reforma final que el soberano deberá ratificar o improbar respondiendo a una pregunta rotunda y contundente: “¿Aprueba o no el paquete de reformas constitucionales aprobado por el Congreso de la República?”
 
 Personalmente hay cosas que me parecen positivas como la institucionalización del servicio público, pero me asalta la duda de si el punto de partida tendría que ser con los actuales funcionarios que están allí quién sabe por qué intereses. No sé honestamente qué puede ser peor, si el Congreso que tenemos eligiendo magistrados o que estos sean electos por los que han ido a España con gastos pagados a cursos patrocinados por tenebrosos grupos de abogados.
 
 Obviamente una reforma constitucional es y debe ser objeto de profundas cavilaciones porque cada palabra puede ser decisiva. Lo mismo contiene la genialidad de una norma que nos ayude o la trampa que atornille el poder de los poderes ocultos. Y dada la experiencia nacional, dada la vivencia del país, yo sigo creyendo que no hay máxima más útil que aquella que nos aconseja: “Piensa mal y acertarás”.