La propuesta de reforma constitucional ha dado mucho para el análisis y el debate desde que el presidente Pérez Molina lo planteó primero por medio de una Asamblea Nacional Constituyente y luego lo cambió por medio del Congreso. Las propuestas de dicha reforma todavía son desconocidas y algunas son expuestas en forma no oficial, pero a todos preocupa el contenido de dichas propuestas y la orientación de las mismas.
El contenido se ha situado en cuatro ejes, pero su trayectoria es poco previsible. En este espacio han aparecido diversos análisis y analistas planteando sus puntos de vista acerca de las mismas, así como de la pertinencia de dicha reforma o no en este momento. Y realmente, si merece atención permanente, pues preocupa que nuevamente se hagan reformas constitucionales, únicamente para favorecer a determinados sectores y sin una visión de transformación del largo plazo, destinada a romper con una democracia cautelada y en donde los funcionarios de los diferentes organismos se prestan a este juego por medio de mecanismos perversos de corrupción.
Tampoco se visualizan cambios de fondo que apunten a ampliar y profundizar el espacio de participación ciudadana y política en un país, en donde los partidos políticos tienen el control absoluto de procesos y decisiones, de acuerdo al interés de los grupos de presión económicos y donde la representación de la población es absolutamente nula y mucho menos la capacidad de intermediación entre la sociedad civil y el Estado.
La preocupación por la aceptación que el Estado es sumamente débil, hoy es una coincidencia, pero por diferentes causas. De hecho, no es que se piense proponer una reforma tributaria de tipo progresivo, de alcance estratégico y de incidencia en el largo plazo, sino que existe la preocupación que el Estado no tiene recursos para enfrentar las amenazas de la criminalidad y el narcotráfico; puntales indiscutibles para el clima de inversión nacional y extranjera.
Tampoco existe una legítima preocupación por la profundización de la opacidad y la corrupción que se ha enquistado en cada régimen de gobierno, pero sí se plantea la necesidad de transparentar por medio de rendición de cuentas de las instituciones de gobierno, pero cuando se habla de testaferros legalizados, de mutuos negocios poco lícitos y nada transparentes entre funcionarios y empresarios se calla deshonrosamente.
Mucho menos se habla de apoyar abiertamente la propuesta de Ley del Enriquecimiento Ilícito, dejándola únicamente para los funcionarios, cuando ahora sabemos que las fortunas mal habidas también tocan intereses empresariales de cartón y reales. En esta misma línea se encuentra entrampada la Ley de Eliminación del Secreto Bancario; misma iniciativa que resulta complementaria con la Ley del Enriquecimiento Ilícito, pues su mutua interacción sí apunta a caminar hacia una sociedad más transparente y decente.
También se insiste en mantener y profundizar el Estado de Derecho, pero bajo la óptica que la ley se aplique a aquellos quienes se opongan a los proyectos de inversión de extracción o explotación de recursos naturales, pero sin aceptar entrar el libre ejercicio del diálogo, buscando encontrar puntos de convergencia con las necesidades apremiantes de los pueblos y comunidades ubicadas en los lugares de extracción o explotación y buscando alternativas de mayor alcance como la apertura de las estructuras empresariales bajo acciones comunes y preferentes de participación, la dotación de infraestructura, empleo, educación para el trabajo y capacitación técnica para los niños, niñas y jóvenes comunitarios.
Es imprescindible también romper con esquemas perversos, pero hechos realidad de una forma inteligente, como el caso de la eliminación de la capacidad de financiamiento del banco central al gobierno, únicamente para favorecer a los bancos. No se vale continuar con el argumento de que esto resulta en inflaciones inmediatas, cuando no se está hablando de la emisión de dinero inorgánico, sino de préstamos, por supuesto regulados por la Junta Monetaria, así de claro.
Me pregunto, se pretende eliminar el artículo constitucional que permite el pago del 30% en alimentos en la agricultura, cuando el mercado es el mecanismo que regula las relaciones económicas; será que se eliminarán los candados constitucionales sobre impuestos, cuando en Guatemala es imposible obtener información sobre importaciones de productos de empresas que están haciendo dumping, porque la SAT restringe información porque revela datos de contribuyentes; será que se va más allá del Estado de Derecho como argumento y se pasará a un Estado Democrático de Derecho. Si es así, sí estamos hablando de cambios fundamentales, de otra forma, los cambios resultarán cosméticos, cortoplacistas y favorables a intereses sectoriales y particulares, sin la defensa legítima del interés general y bajo una perspectiva poco estratégica para construir una nueva sociedad.