Las reformas al sistema político deberán esperar, según dijo el Presidente de la República, para cuadrarlas con las reformas constitucionales que presentará el Ejecutivo. Existe, sin embargo, un gravísimo problema que no se puede soslayar: la reforma contempla un cambio de fondo en el modo en que se puede cambiar la Constitución, puesto que asigna esa función siempre y en todo caso a una Asamblea Nacional Constituyente, desapareciendo así el proceso de reformas hechas por el Congreso y aprobadas en consulta popular.

El problema estriba en que el sistema político que ha permitido el secuestro que hacen los financistas de las organizaciones políticas, a las que convierten en sus peones para promover sus intereses económicos, tendría que ser reformado antes de que se apruebe esa disposición porque de lo contrario nos condenamos a que una Constituyente, elegida tal y como ahora se elige a los diputados al Congreso de la República, tenga en sus manos la decisión absoluta sobre cualquier cambio a la Carta Magna.

Por principio, sostenemos que la reforma que proponga el Presidente no será la que se apruebe en el Congreso, porque allí entrarán en juego influencias y poderes muy grandes que aprovecharán el río revuelto para tener su ganancia de pescadores. En medio de lo que propone el Ejecutivo, veremos que se aprueban otras normas que nada tienen que ver con la iniciativa original, independientemente si la misma es buena o no, pero sin duda alguna que los grupos de presión harán su trabajo para lograr que se les aprueben normas con dedicatoria, como la que en su momento se aprobó bajo el ropaje de la depuración del Congreso, y que le dio a la banca privada el negocio de ser el único prestamista del Estado en temas de la deuda interna.

La propuesta de reforma constitucional que hace el Ejecutivo es el pretexto ideal para que los poderes fácticos que tienen control del Congreso de la República (entre ellos, desde luego, los dueños de la partidocracia actual) se puedan consolidar sin temores de ninguna clase como verdaderos amos de la situación. En 1985 existían otros intereses y otras influencias cuando se discutió la Constitución Política de la República de Guatemala, pero varios de esos poderes han cedido espacios y los mismos han sido ocupados por grupos más poderosos y también más tenebrosos.

Los diputados harán su propia reforma, usando como ropaje y envoltura la del presidente Pérez Molina, siendo el gancho la reducción del número de diputados de 158 a 140. ¿Valdrá la pena ese “logro” a cambio de los goles que meterán en el paquete? Usted tiene la palabra.

Minutero:
Entregar a los diputados
la llave de la Constitución
puede ser la perdición
por llevárnosla de confiados