Ayer el Presidente de la República presentó el primer esbozo de lo que debe ser, a su juicio, la reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala y al escucharlo se me vino el recuerdo de la reunión que tuvimos con Manuel Ayau para hablar de su proyecto de reforma constitucional, porque entonces le dije que lamentablemente no valía la pena ni siquiera entrar a discutir el fondo de su iniciativa, porque primero había que centrar el debate en la forma, pues todo lo que tenga que ver con nuestro flamante Congreso se vuelve sumamente complicado.

El Muso me dijo que eso se resolvía con la presión pública, que en poco tiempo abrumarían a los diputados con memoriales firmados por miles de personas exigiendo la reforma propuesta por su grupo y que sería tal la presión de opinión pública que no tendrían más remedio que darle trámite a la iniciativa de ProReforma. Le felicité por su optimismo y por confiar tanto en la actitud de nuestro pueblo que, según él, se volcaría en una expresión sin precedentes para torcer el brazo a los diputados. Yo le decía que en el mejor de los casos, y si se lograba que entrara al pleno la discusión del proyecto, cada diputado tendría su propia visión de la oportunidad y metería sus goles particulares como ha ocurrido tantas veces no sólo al discutir reformas constitucionales, sino con leyes ordinarias de todo tipo.

Y pienso en lo mismo ahora que escucho al presidente Pérez Molina hablar de la reforma constitucional que quiere impulsar. Creo que antes de entrar al debate de contenido de la reforma debemos poner los pies en la tierra y entender que del Congreso sólo saldrá aquello que a los diputados les resulte conveniente. En otras palabras, por buenas ideas que surjan para nutrir el contenido de la reforma y por extraordinarias que puedan ser las iniciativas, no digamos si alguna de ellas realmente es patriótica, todo queda al final de cuentas sujeto a la decisión del pleno, ese mismo pleno que ya vimos cómo se bailó a la hora de aprobar la Ley de Enriquecimiento Ilícito que está condenada a la muerte por el simple y sencillo hecho de que se incluyó el tráfico de influencias y ese delito afecta un comportamiento que para los grupos de poder en Guatemala es sagrado. Hasta editoriales se han escrito ya en contra de la forma en que, de manera clara, contundente y categórica, se tipifica el delito en el que incurren quienes abusan al momento de realizar gestiones.

En Guatemala existen muchos poderes fácticos que tienen la última palabra, pero quien ni huele ni hiede es el llamado poder soberano del pueblo que lo delega en sus autoridades. Aquí pesará mucho lo que digan los sectores políticos, lo que diga el sector empresarial y aquellos sectores que operan tras bambalinas, que permanecen ocultos, pero que mueven sus influencias a lo largo y ancho de la gestión pública desde la elección de un magistrado hasta la decisión del pleno del Congreso, no digamos lo que hace, dice y resuelve un ministro o un director general.

Ciertamente son muchos los que deciden, pero el llamado a decidir, el soberano que debiera imponer su criterio, ni es tomado en cuenta y simplemente tiene el recurso de refunfuñar a la hora de la hora. Porque ya se verá que tendremos una reforma constitucional que deberá ser consagrada en una consulta popular de una sola pregunta. Lo toma o lo deja, le dirán al pueblo, y con el dulce de que bajará pírricamente el número de diputados, lo quieren embushacar en una reforma cuyo propósito real aún está por verse.