Organizaciones de la Sociedad Civil condenaron y rechazaron esta mañana lo que calificaron como “golpe de Estado”, es decir, la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ya que consideran que se alteraron todas las normas del derecho internacional en materia del debido proceso, dado que el juicio político que enfrentaba el mandatario no cumplió con las normas elementales del derecho internacional, pues no garantizaron el derecho de defensa de Lugo.

Iduvina Hernández, directora de Seguridad Democrática (Sedem), dijo que esa medida es para levantar una voz de la sociedad guatemalteca al rechazo al “golpe de Estado” en Paraguay, y a la alteración de todas las normas del derecho internacional.

Hernández aseguro que este suceso “es un golpe de Estado desde el Organismo Legislativo, y la medida en que se desarrolló, con la modalidad de un juicio político, en tanto que juicio no cumplió con las normas elementales del derecho internacional, puesto que no respetaron y garantizaron el derecho de defensa del presidente Lugo”.

Además señala que lo que evidencia, en la forma en  que se llevó a cabo todo el proceso, es una conspiración que se amparó en los procesos políticos establecidos en Paraguay.

La directora de Sedem dice que las consecuencias que tendrá Paraguay, en estos momentos ya las está teniendo: un amplísimo margen de aislamiento político en la propia región del sur de América,  lo que va a requerir una mayor observancia de las instancias internacionales de protección en materia de Derechos Humanos, debido a la reacción inmediata de represión a las voces en defensa del presidente Lugo.

Hernández indica que este acontecimiento es “el rompimiento a la democracia en el marco de las propias reglas de la democracia”, es la violación de la democracia desde adentro.

Además dice que elementalmente se debió haber permitido, como mínimo, la legitima defensa, y muy probablemente las condiciones hubieran sido otras, “esto es como músico arreglado”, el encuentro al que se llegó en el marco del juicio político era un evento ya arreglado, no hubo debate y ya existía la decisión de sustituirlo, y lo que hicieron nada más fue guardar las formas; entonces es como un “fraude de ley” lo que sucedió, es “ilegal e ilegitimo”.

Entre tanto Jorge Santos, del Centro de Internacional para Investigación en Derechos Humanos, dice que se rechaza totalmente la situación que vive en estos momentos Paraguay, “estos acontecimientos pueden colocarse en una senda de retorno al autoritarismo y el regreso de prácticas atentatorias contra los sistemas democráticos y de profundas violaciones a los derechos humanos”.

Además, Santos dijo que la Organización de Estados Americanos se encuentra obligada a no reconocer esta presidencia ilegítima e ilegal de Paraguay y que se tomen las acciones pertinentes para que este hecho sea considerado como un “golpe de Estado”.
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA
La Cancillería, en un comunicado de prensa, indicó que el Gobierno de Guatemala, ante los recientes acontecimientos políticos suscitados en la República de Paraguay, dijo que respeta el derecho interno de cada país, y en ese sentido sigue con especial atención los sucesos políticos ocurridos en la República de Paraguay.
Asimismo, manifestó su solidaridad con el pueblo de Paraguay y expresó su deseo porque la actual crisis política en ese país sea resuelta en un marco de legalidad, concordia y de pleno respeto a los derechos humanos, garantizados en distintos instrumentos.