El diputado Carlos Herrera señaló que no aceptará la presión de algunos grupos de la sociedad civil para aprobar una ley que a su criterio, debe ser analizada.

Un día después de la frustrada aprobación de urgencia nacional de la ley contra la corrupción se conoció la versión de dos diputados, quienes argumentaron su voto en contra. Según el reporte de Dirección Legislativa, seis diputados no apoyaron la moción privilegiada.

José de León Maldonado (Lider), Carlos Herrera (Independiente), Edwin Martínez (UCN), Joel Martínez (PAN), Carlos Nájera (UCN) y Alfredo Rabbé, (Independiente) fueron los diputados que votaron en contra.

El parlamentario Carlos Nájera explicó las razones por las que considera que la ley debe ser aprobada con su trámite normal (tres lecturas) y no de urgencia nacional “Yo creo que leyes importantes deben ser bien estudiadas, es una buena ley, pero hagámoslo como la ley lo indica y aunque también se habla de urgencia nacional yo sugiero que sea con sus tres lecturas”, indicó.

Otro de los consultados fue Carlos Herrera, diputado Independiente, quien señaló que el proyecto de ley debe ser bien estudiada y no aprobarla solo por presión de algunos grupos “No podemos sacar leyes solo porque hay una sociedad pseudocivil o grupos de patojos que saber quiénes los están financiando, nos presionen y nos pongan un cuchillo, a mí nadie me va a poner un cuchillo para votar”, recalcó.

Se intentó sin éxito conocer la versión del resto de parlamentarios, pero no atendieron las múltiples llamadas que se hicieron a sus teléfonos móviles.

Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, no es válido que los congresistas aleguen ignorancia ante una ley que lleva varios años de estar en discusión en el Congreso “El proyecto tiene más de 10 años de estar dando vueltas en la agenda parlamentaria, los diputados no tienen excusa y tampoco quienes llegaron por primera vez al Congreso  ya que han pasado seis meses, y pudieron haberse empapado de los temas, de manera que no pueden alegar ignorancia”, resaltó.

Si bien, reconoce que ayer hubo un traspié al no aprobarla de urgencia nacional, espera que finalmente logre su aprobación en el trámite normal y no sufra modificaciones que la debiliten.

“Tenemos que estar alertas para evitar que debiliten el carácter de la ley, hay interés en eliminar algunas características del tráfico de influencias, se debe cuidar que no se debilite”, acotó.

LARGO RECORRIDO

El proyecto de ley aprobado ayer en primera lectura (de las tres que requiere para convertirse en ley) unifica varias iniciativas presentadas con anterioridad. Se calcula que el tema lleva 10 años de estar en el Legislativo sin que se lograran avances significativos.

La propuesta establece penas de prisión y multas tanto para los funcionarios que en el ejercicio de su cargo aumenten su patrimonio,  el de familiares y amigos, como para los particulares (contratistas). El documento tipifica también el delito de tráfico de influencias, soborno, testaferro, entre otras figuras.

En los corrillos parlamentarios ya se empiezan a mencionar enmiendas. Algunos consideran que entre los temas sensibles que buscarían retirar del proyecto es incluir a particulares en el delito de enriquecimiento, así como el tráfico de influencias, debido a presiones de varios sectores.