El escaso nivel de cooperación interinstitucional, la falta de entendimiento sobre la objetividad forense y la inestabilidad laboral, son algunos de los problemas que enfrenta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), según un estudio realizado para conocer la situación de la entidad encargada de convertir los indicios en un elemento útil para el sistema de justicia, y que según los analistas consultados, debe enfrentar importantes retos en su gestión.

Elizabeth Chajón Alvarado cree que no podrá vivir en paz hasta encontrar justicia en el caso del asesinato de su hija, Rosemary González Chajón, quien desapareció cuando iba de camino a una entrevista de trabajo a la Escuela Nacional de Agricultura (ENCA) el 3 de junio del 2008.

Por eso, Chajón acudió el 14 de mayo último a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acompañada de personeros de Fundación Sobrevivientes, para denunciar “irregularidades” en el esclarecimiento del caso, justo el mismo día en que Miriam Ovalle de Monroy, directora del INACIF, presentó su plan de trabajo para ser reelecta en el cargo.

De acuerdo con la investigación, el cuerpo de la joven  (18 años) González Chajón fue encontrado sin ropa, con las manos atadas y cinta adhesiva en la boca y los ojos, hasta pasados 89 días de su desaparición; pero según la Fundación, todavía no se tiene clara la causa del fallecimiento, por lo que responsabiliza al INACIF.

En medio de la incertidumbre, Sobrevivientes solicitó una ampliación del dictamen pericial para que se consigne una causa de muerte, pues el día de su hallazgo tenía un signo en la dentadura conocido como “diente rosa”, común en los cuerpos que han sufrido asfixia, aunque aún no se cuenta con un reporte oficial que lo convalide con certeza.

Rootman Pérez, abogado de la fundación, dio a conocer que ya se están realizando las diligencias para entregar los restos de Rosemary a su familia, pero la madre de la joven pide que se aclare el caso con todos los requisitos legales y judiciales que permitan dar con los responsables, y conocer los detalles de la muerte podría ayudar a cumplir ese objetivo.

Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, dijo que en este y otros procesos se han encontrado con diversos obstáculos relacionados con la labor del INACIF que afectan la cadena de justicia en Guatemala, por lo que considera importante revisar el trabajo de la institución.

A cinco años de su puesta en marcha, el INACIF todavía enfrenta grandes retos y debe hacer frente a situaciones que ponen en entredicho su efectividad dentro de la medicina forense y el esclarecimiento de muertes violentas que ocupan buena parte de las autoridades judiciales, refieren analistas consultados.

SECRETIVIDAD

La debilidad de las instituciones estatales no es una novedad para los analistas del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), pero éstos consideran que la falta de capacidades en entidades como el INACIF puede hacer la diferencia entre la impunidad y la justicia.

El informe “Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala: Estado de Situación 2012”, elaborado por el ICCPG, revela las deficiencias en la institución que inciden directamente en el sistema de justicia. Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Política de esa entidad, señaló que uno de los principales problemas del INACIF es confundir la autonomía de la institución con la “secretividad”.

“Para evitar injerencia de otros poderes, en un principio se planteó que fuera autónoma, pues es un órgano auxiliar del sistema de justicia para buscar que se brinde herramientas técnicas y científicas a quien coordina la investigación: el Ministerio Público. Sin embargo, no deben permitirse intrusiones que puedan guiar hacia un lado no adecuado para la justicia los dictámenes que emita, o las pruebas que pueda aportar, pero no significa que tenga que ser secreto todo lo que realiza”, indicó.

De acuerdo con el informe, la “secretividad” impide una auditoría social efectiva sobre el funcionamiento del INACIF, ya que no se puede conocer si se está actuando de forma correcta en las solicitudes de información que presentan otras instituciones y no se sabe si está haciendo algo más para aportar nuevos elementos en la investigación.

Por tanto, se propone que no centralicen las decisiones y se permita una coordinación efectiva tanto con los entes de justicia, como con la sociedad civil para que puedan generarse discusiones sobre el principio de “debida diligencia” en la investigación.

PIEZA FUNDAMENTAL

Otro de los conflictos en el INACIF que el informe propone resolver, es la objetividad que deben tener los peritos, pues en ocasiones suele confundirse ese principio con la “inacción”. “Es decir que con el ánimo de no interferir y de que no se le interfiera dentro de la investigación, no realiza nada más de lo que se le solicita”, señala el documento.

Samayoa explica que toda diligencia exige que los peritos no se encierren en lo que un abogado o fiscal les esté solicitando; el perito forense tiene la capacidad de poder encontrar otro tipo de indicios en un cadáver, pero pueden pasar desapercibidos si no se trabaja con objetividad y amplitud de capacidades.

“Si se sujeta solamente a lo que le pide el abogado puede estar afectando gravemente a la víctima, la justicia y su aplicación, porque puede dejar en libertad a personas que deberían estar en la cárcel por cometer hecho ilícitos o lo contrario”, dijo el analista.

COOPERACIÓN

Por medio de análisis y entrevistas a fiscales, el ICCPG también logró determinar que a nivel operativo existe un bajo grado de coordinación y relación con otras instituciones, tanto del sector justicia como de la sociedad civil, lo cual dificulta que alcance mejores resultados.

En relación a la Fiscalía, el informe indica que existe un alto nivel de trabajo y coordinación, pero a niveles operativos este logro no se puede percibir.

Norma Cruz considera que, por su naturaleza, la Fundación Sobrevivientes debería mantener un estrecho lazo de cooperación con el INACIF, pero es la institución con la que menos relación y niveles de coordinación se tiene, “porque según nos ha dicho la Directora, para que no se contaminen los resultados ha tratado de mantenerse alejada de cualquier tipo de coordinación con los espacios de sociedad civil”.

Los únicos momentos en que coinciden, según Cruz, es para solicitar y garantizar la presencia de los peritos en los debates. “La Fundación más o menos cubre más de 50 debates al año, en los cuales tiene que haber presencia de los peritos del INACIF, tanto forenses como psicólogos, para que lleguen a validar los peritajes”.

José Suasnávar, subdirector de la Fundación de Antropología Forense (FAFG,) quien participó en la elaboración del análisis de la situación actual de la institución, señaló que desde el inicio se intentó establecer convenios de colaboración con el INACIF, que en un principio iban dirigidos a la capacitación en política forense.

“Desafortunadamente no fue bien acogida la propuesta, y después se quiso hacer convenio en casos del Conflicto Armado Interno, de casos que fueran esqueletizados para poder trabajar en conjunto, sin embargo el INACIF se negó, argumentado que no podían delegar su responsabilidad”, dijo Suasnávar.

“Hay una ausencia de eficacia cuando se puede conseguir desde otros ámbitos, hay centros de investigación en el país que pueden ser muy proclives en las diligencias; la interpretación de la institución era que solo ellos podían hacer lo que su mandato dice. Sin embargo, la ley deja abierta la posibilidad para que puedan haber expertos de otras partes que puedan ser nombrados como peritos, para tener una mejor actuación”, señaló.

INESTABILIDAD LABORAL

De acuerdo con la investigación del ICCPG, es común que un perito no se presente ante un juez para ratificar un dictamen, y eso sucede porque en la institución no existe una política clara de estabilidad laboral.

“Sin estabilidad laboral no puede haber independencia de funcionarios de justicia; esto ya ha sido señalado e incorporado como estándar internacional”, indica el informe.
 
Ante esto, Cruz manifestó: “En la institución ha habido una rotación exagerada de profesionales. Los peritos hacen su trabajo, pero cuando llega el momento de ratificarlo ante los tribunales, ya no trabajan allí y muchas veces el INACIF no tiene control del lugar de donde ellos laboran y no hay manera de encontrarlos”.

“Hemos tenido peritajes en los que no se establece la causa de la muerte de la víctima, aunque es evidente; muchas veces a las audiencias han enviado peritos que ni siquiera manejan el campo y cuando la defensa los cuestiona no tienen elementos de conocimiento para responder”, agregó.

APORTES

Alejandro Rodríguez, secretario de Política Criminal del Ministerio Público, señala que en elementos relacionados con balística, el sistema “Ibis” del INACIF les ha permitido hacer una conexión en casos que involucran armas de fuego que han sido utilizadas en diferentes hechos delictivos.

“Las armas son como las personas, tienen huellas dactilares. Un arma que ha intervenido en un hecho delictivo, el casquillo y la vaina tienen marcas que son únicas; entonces, a través del programa Ibis se ha logrado determinar que un arma de fuego ha sido utilizada en 200 hechos delictivos y de esta manera hacer persecución penal estratégica”, explicó Rodríguez.

“En los casos en los que se encuentran coincidencias balísticas, donde se ha utilizado la misma arma en los múltiples casos, podemos determinar que se trata de una estructura criminal y los hechos son imputados a la estructura y en conjunto con otras pruebas comprobarán su participación”, indicó.

De acuerdo con Rodríguez, este es uno de los aportes más importantes del INACIF, y de los cuales se están obteniendo mayores resultados para poder encontrar armas.

Cruz concluye señalando que en términos generales, el INACIF ha respondido con niveles de deficiencia en los procesos que Fundación Sobrevivientes conoce, “no hay consciencia que en sus manos está el dejar un caso en la impunidad o que se haga justicia”.

Para Samayoa, el informe evidencia la falta de comprensión que el INACIF es una pieza fundamental en la justicia.