Se suele decir que la experiencia enseña y la historia lo confirma. Cuando desde el poder económico y político se habla de cambios y reformas, es para que todo siga igual o peor. Como se recordará, durante la campaña, el actual gobierno se promocionó como el gobierno del cambio. Después de cinco meses de estar al frente de la administración pública, es legítimo preguntarse si esto ha sido así. A mí, al menos, me parece que no.

Quienes desde esas posiciones hablan de cambios, deberían tener claro, muy claro, de a qué cambios se refieren, en relación a qué, para qué y por qué los plantean, el alcance y profundidad de los mismos, en qué dirección se proponen encaminarlos y, sobre todo, no ignorar y, menos, subestimar a quién o a quiénes van a favorecer y beneficiar y a quién o a quiénes van a perjudicar y afectar. Es lo que define y configura la correlación de fuerzas en un momento dado; es decir, el contingente y poder de las fuerzas  y sectores que están a favor y los apoyan y el de las fuerzas y sectores que están en contra y los adversan.
     
      Para no ir muy lejos. De 1986 a la fecha, nada ha cambiado en nuestro país. Para la mayoría de la población, la situación económica, política y social o está igual que entonces o tiende a empeorar cada vez más. En lo institucional, las cosas no pueden estar peor.
     
      De entonces para hoy, han gobernado seis presidentes civiles “electos” y, el actual: un militar. Los resultados de las votaciones son ilustrativos. Han sido “electos” con una baja participación ciudadana, el desacuerdo y desaprobación de quienes han anulado su voto o dejado la papeleta en blanco o han optado por uno u otro de sus contendientes. En nuestro caso, no se puede hablar, estrictamente, de contendientes: en el fondo, nada los diferencia.
     
      Quien fue designado por el Congreso de la República para terminar el período del depuesto presidente Serrano, lo fue por la legislatura señalada como una de las más corruptas que ha habido en el país. Además, no hay uno sólo de esos gobiernos al que no se le pueda dejar de señalar de corrupto e incompetente y de estar al servicio del sector oligárquico y patronal tradicional del país, los grandes capitales extranjeros y las transnacionales, así como de los intereses neocolonizadores y  de seguridad de Estados Unidos.
     
      En tales condiciones, resulta imposible que hayan podido estar en condiciones y capacidad y con la decisión y voluntad política suficientes para propiciar y concretar los cambios de fondo y las transformaciones estructurales que hicieran posible y permitieran cambiar y transformar a fondo y de raíz el sistema económico, social, político e institucional y encaminar al país hacia una etapa superior de desarrollo y progreso, soberanía e independencia nacional, equidad y justicia, no discriminación y exclusión.
     
      Fue esto, precisamente, lo que se trató de institucionalizar durante las prolongadas y fructíferas conversaciones para la búsqueda de la paz por medios políticos sostenidas entre el Gobierno de la República y la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y que culminaron el 29 de diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera que puso fin al enfrentamiento armado de 36 años en nuestro país.
     
      De acuerdo al ordenamiento constitucional vigente, no es posible ni se pueden legitimar y concretar las reformas institucionales y los cambios profundos y estructurales que el país necesita. Ni el derecho y la legislación son, tampoco, el instrumento idóneo para los cambios y reformas; son, por excelencia, la vía institucional legitimada para mantener el statu quo, y afianzar y consolidar el poder económico y político impuesto y el régimen de explotación y opresión en beneficio de unos cuantos, su riqueza y privilegios, ganancias y utilidades, sus grandes negocios y prebendas.
     
      El sistema institucional y jurídico, el modelo económico y social y el régimen electoral y de partidos, están concebidos e institucionalizados para que nada cambie en interés del país, el pueblo, el Estado, la República y, menos, institucionalizar y legitimar la nación multiétnica, pluricultural y multilingüe.
     
      A un sistema económico y social inmodificable e inamovible, corresponde un ordenamiento constitucional pétreo, intocable. En consecuencia, ni por el momento y la situación y condiciones del país, y como los cambios y reformas que se propugnan no van al fondo de lo que en realidad y de verdad hay que cambiar y transformar, lo que cabe esperar es que todo siga igual o tienda a empeorar.
     
      Otra cosa sería si se hubieran aprobado las reformas constitucionales convenidas en el Acuerdo de Estocolmo del 7 de diciembre de 1996 y se estuviera cumpliendo el contenido, sustancia e integralidad de lo acordado para el logro de la paz firme y duradera en nuestro país.