Hace ya varios años, un buen amigo me contaba que a un extinto abogado y a su bufete le llamaban “el bufete de los milagros” y no precisamente porque ahí ocurrieran milagros derivados de un ejercicio pulcro, profesional y eficiente de aquellos litigios propios de abogados, sino al contrario, porque aquellos problemas legales se resolvían de una forma milagrosa; es decir, nadie sabía cómo, pero las cosas se arreglaban.
Hoy traigo a colación esta anécdota que me vino a la memoria, a partir de la impecable investigación que se presentó el día de ayer en elPeriódico, en donde se mostraba cómo un modesto trabajador del Hospital Federico Mora, se encontraba fungiendo como representante legal de varias empresas inscritas legalmente (153 para ser exacto) y que se dedicaban “honestamente”, al noble ejercicio de contratistas del Estado y las mismas mostraban sus cifras millonarias derivadas de diferentes contratos.
Fuera de este dato que resulta difícil de comprender y digerir inmediatamente, resulta impresionante como una dama del “bufete de la fantasía” Díaz-Durán, explica que el respetable señor no es un testaferro, sino es un “administrador transitorio”, figura que también los propios abogados de este bufete, no de los milagros, sino salido de las obras fantásticas de El Señor de los Anillos o Harry Potter, se extienden en defender esta su figura como una cuestión que se hace normalmente, que no tiene nada de malo, que no se formaliza a testaferros, sino que transitoriamente funge como administrador y que el hecho que sus mandatos todavía estén vigentes, se debe a negligencia de los notarios correspondientes.
Para informarnos mayormente la señora Flores, quien es directora del departamento corporativo de dicho bufete, indica que esto es completamente normal y se extiende en sus explicaciones para justificar la existencia de esta figura. Resulta increíble que los personeros de este bufete de fantasía, hoy que han sido descubiertos públicamente, se afanen en explicaciones de las más absurdas para que la gente crea que esta su ficción, responde a una cuestión legal y no a una burda forma de ocultar negocios turbios a través de figuras de administradores transitorios, que sólo en Disneylandia se lo podrían creer, con todo el respeto para el ratón Mickey y el Pato Donald.
Es increíble como la descomposición alrededor de los negocios del Estado hoy ha tocado hasta bufetes de supuesto abolengo que se rasgan las vestiduras ante la corrupción, la ilegalidad y la impunidad, mientras dentro de sus propios despachos se encargan de tender los mantos más viscosos, oscuros y densos de la impunidad en Guatemala. No señores, pretender torcer “legalmente”, cuestiones que huelen a podrido resultan chocantes ante la inteligencia y aberrantes ante la opinión pública.
No cabe duda que la lucha por la transparencia es una cuestión que trasciende las cuestiones del Organismo Legislativo y el Ejecutivo y que pasan al ámbito privado y profesional, en donde muchas de las componendas requieren de soporte legal que justifique y “legalice” los negocios, pero también que ante la potencial investigación o auditoría, que pueda involucrar a funcionarios y empresarios, se requiere también de la figura de “administrador transitorio”, para que sea esta persona quien cargue con las multas, intereses, procesos legales, juicios y hasta la cárcel y que resulte que la persona quien fraguó estos monumentales negocios, sea nada más que un humilde trabajador operativo, un conserje, un mensajero, en fin alguien que pueda resultar desechable en el entuerto, sin tocar a los funcionarios y empresarios.
Por ello, debemos unirnos a la lucha para que la Ley de Enriquecimiento Ilícito, pueda ser una realidad; de no ser así, estimados lectores y lectoras, comprobaremos, una vez más, quienes son los que se oponen a que este país tenga el mínimo resabio de dignidad y decencia.