Luego del terremoto de 1976 que dejó en ruinas a buena parte del país, surgió el primer fideicomiso para la administración de fondos públicos, pese a que como sucede al día de hoy, no se contaba con un marco legal para ese tipo de contratos con patrimonio estatal. A 36 años de ese suceso, las secuelas del seísmo todavía se observan en la infraestructura civil del país y el uso de los fideicomisos en el Estado aún impiden la fiscalización y la transparencia de los recursos.

Aunque en los últimos años se han agudizado las críticas hacia el uso y administración de los recursos públicos a través de fideicomisos, su creación en Guatemala se remonta a la década de los setenta.

Según el reporte del Ministerio de Finanzas, el más antiguo fue creado un año después del terremoto que dejó seriamente afectado al país y que significó un cambio contundente en la administración del gobierno del presidente Kjell Eugenio Laugerud García.

El registro refiere que el “Fideicomiso de Inversión con Garantía (Programa  Global de Crédito  para el Establecimiento o Expansión de Pequeñas y Medianas Empresas Industriales y de Turismo)”  se constituyó el 3 de febrero de 1977, para beneficiar a “pequeñas y medianas empresas industriales y de  turismo” (…) cuyos edificios e instalaciones  hayan sido dañadas o destruidas por el terremoto del 4 de febrero de 1976”.

A partir de entonces, el uso de fideicomisos en la administración pública aumentó sin el control del Estado, al punto que en la actualidad no se tiene certeza sobre la cantidad de los contratos suscritos y de los recursos públicos fideicometidos con esa figura.

Pasaron varios años en los que surgieron nuevos fideicomisos y fue en el Gobierno de Álvaro Arzú cuando se constituyó la mayoría, con la creación de 22 contratos, y le siguieron 17 en la administración de Alfonso Portillo; 13 con Óscar Berger y cuatro con Álvaro Colom, según la Cartera del Tesoro.

El Ministerio de Finanzas contó 75 fideicomisos “públicos” al 31 de enero del 2012, en tanto la Contraloría General de Cuentas registró 102, incluyendo entidades descentralizadas, autónomas y de gobiernos municipales.

A 36 años del terremoto todavía quedan ruinas de las construcciones colapsadas y los vestigios de un sistema de administración de recursos públicos que han sepultado las posibilidades de fiscalizar y observar transparencia.

HALLAZGOS

El último informe de auditoría presentado al Congreso por la Contraloría General de Cuentas de la Nación detalla el resultado de la fiscalización de 95 de los 102 fideicomisos. Del total, se reporta que 65 siguen vigentes y el resto están vencidos.

Aunque se reconoce la limitación de la Contraloría para poder verificar el uso del fideicomiso, la evaluación permitió que la entidad detectara hallazgos que concluyeron en denuncias en el Ministerio Público y sanciones administrativas.

“En el desarrollo de la auditoría se encontraron limitantes por parte de los fideicomitentes, observándose falta de interés en requerir a las entidades fiduciarias los documentos de sus operaciones contables para la rendición de cuentas, además de la resistencia de los fiduciarios en proporcionar, en su oportunidad la información requerida por los auditores gubernamentales”, reza un extracto del informe.

Sin embargo, los hallazgos detectados se establecieron por el incumplimiento de leyes y regulaciones, así como a normas de control interno que están sujetas a las entidades auditadas. En concepto de denuncias se reportaron Q2,486 millones 378 mil, en el caso de sanciones Q7 millones 330 mil y por formulación de cargos Q502 mil 137.

Para la titular de la Contraloría, Nora Segura, es necesario eliminar esa figura, ya que solo abre la puerta para que se evada la Ley de Contrataciones, limitando la fiscalización. La entidad presentó el pasado siete de marzo una propuesta para lograr ese objetivo.

A la fecha, son los fideicomisos los que celebran diversos contratos con los terceros proveedores del Estado, evitando que sea la entidad beneficiaria del servicio la que contrate de forma directa con el contratista y haciendo con ello, cuesta arriba la fiscalización y privilegiando la contratación a dedo.

Sin embargo, el tema no parece interesar a los congresistas, por lo que los proyectos caminan cuesta arriba.

LEGISLACIÓN URGENTE

Desde 1999 a la fecha, la Dirección Legislativa reporta la presentación de 16 iniciativas de ley que abordan el tema de fideicomisos, pero solo dos pasaron en primera lectura y el resto solo fueron conocidas en el pleno para ser remitidas a una comisión para su dictamen respectivo, pero ninguna presentó avances.

Actualmente, la sala de Transparencia que preside el diputado Amílcar Pop dictaminó la iniciativa 4461, ley de fortalecimiento de la institucionalidad para la transparencia y la calidad del gasto, que contempla modificaciones a la Ley de Presupuesto, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría.

El tema de fideicomisos sobresale en las reformas a la Ley de Presupuesto, de tal manera que obliga a contar con un registro que detalle cuántos existen y cómo se invierten. El punto medular es que establece su eliminación en un plazo no mayor de los ocho años.

“Nosotros creemos que existen muchos más fideicomisos de los que registran las entidades, solo en Foguavi existen 23 fideicomisos que no estaban contabilizados en la Contraloría”, señaló la diputada Nineth Montenegro. “Hay un descontrol total”, puntualizó.

Por eso, Montenegro, quien es la primera vicepresidenta del Congreso, considera necesario legislar al respecto, ya que la falta de control amerita regularlos o en el mejor de los casos eliminarlos.

Al momento, varias iniciativas de ley han buscado regularlos sin éxito, ya que el tema no despierta interés entre los diputados. Recientemente, la Comisión de Transparencia da seguimiento al tema. Una de las propuestas recibió dictamen favorable, por lo que será el pleno quien decida si se legisla sobre el tema.

“Los congresistas deben legislar sobre el tema, ya que la figura es fuertemente cuestionada”, señaló Marvin Flores, de la Organización Acción Ciudadana.