El accidente de un bus escolar el pasado fin de semana en la Cuesta de las Cañas, con saldo lamentable de heridos, evidencia las enormes fragilidades que tenemos en materia de prevención vial, puesto que ahora resulta que nadie es responsable de supervisar la utilización de buses escolares que se destinan a movilizar estudiantes en excursiones organizadas en sitios remotos. Según los brillantes responsables de la Dirección General de Transportes, son las Municipalidades las que tienen que controlar los buses escolares, pasando por alto que cuando transitan fuera de la jurisdicción municipal, es esa Dirección la única llamada a dar licencias de operación.

Tiene que ser norma general, de observancia en toda la República, que cualquier autobús escolar que transitará por las carreteras debe solicitar una licencia en la Dirección General de Transportes, porque es la única instancia que puede y debe ejercer control en todo el país. Las municipalidades, si bien les va, pueden controlar la operación de buses escolares que operen en su jurisdicción, pero si los colegios o establecimientos quieren usar esas unidades para excursiones, es obligado que tengan que obtener licencia y pasar alguna revisión en la Dirección de Transportes.

Ignoramos cuál es la preparación y capacidad del actual Director, pero por lo general ese puesto se da por complacencia, a un buen activista político que algo hizo en campaña para que pueda “componerse” el sueldo. Mientras persista esa irresponsable actitud de las autoridades nominadoras, no tendremos nunca seguridad vial, puesto que ese cargo tiene que ser para expertos en tránsito que tengan conocimientos de regulación y prevención. En la mayoría de países del mundo se busca a ingenieros con especialización en la materia para dirigir los entes reguladores del transporte de pasajeros, pero en Guatemala cualquier ignorante califica y por eso vemos los accidentes que ocurren en nuestras carreteras. Ojalá que no fuera el caso en el presente Gobierno, pero es tan fuerte la costumbre, tan arraigada la tradición de no darle importancia a esas dependencias, que no sorprendería que el titular del cargo sea alguien que de tránsito sabe tanto como de física nuclear.

El asunto es importante, a nuestro juicio, porque tiene que ver con una regulación que puede salvar vidas y evitar accidentes terribles que en nuestro país se repiten sin que nadie asuma responsabilidades. Ni los transportistas ni las autoridades tienen nada que ver para compensar los daños provocados por la indolencia e indiferencia con que se maneja el sistema del transporte colectivo en el país.

Exponer de esa forma a los alumnos de colegios es imperdonable y las autoridades, los transportistas y los dueños de colegios son responsables y debieran responder legalmente.

Minutero:
Las leyes de transparencia
se entrampan sin ninguna decencia;
¿a cuenta de qué, un diputado
va a estar interesado?