El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) cuenta con insuficiente personal para atender una gran cantidad de trabajo; analistas creen que se debe fortalecer la institución y fiscalizarla para revisar su desempeño transparente.
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De acuerdo con Blanca Stalling, directora del IDPP, esta institución tiene el deber de cumplir con las garantías procesales. Para el efecto, señala que cuentan con un equipo de 157 abogados, que conocen casos en todos los órganos jurisdiccionales de país.
Pero solo en el departamento de Guatemala, cada abogado conoce aproximadamente 60 casos, por lo que la funcionaria señaló que la institución se encuentra al borde del colapso.
Según indica Stalling, “la aplicación de los decretos que reformaron el Código Procesal Penal, que establece la oralidad en los procesos, ha significado una gran carga de trabajo y desequilibrio en el IDPP.
Además refirió que el Ministerio de Gobernación ha aumentado considerablemente el número de órdenes de aprehensión efectivas, hecho que incide directamente en el instituto, pues la ley establece que dentro de las primeras 24 horas se debe resolver su situación jurídica.
De acuerdo con la funcionaria, para trabajar adecuadamente necesitaría Q450 millones más. No obstante solicitó a las autoridades correspondientes Q25 millones iniciales, dinero que aún no ha recibido.
Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dijo que “si es el Estado quien determina qué es un delito y que se considera como socialmente incorrecto, entonces también debe defender a las personas que no tienen la capacidad de hacerlo”.
La activista Helen Mack refiere que aunque una persona parezca culpable “se tiene que defender”, y que la clave en este caso, es la acusación del Ministerio Público, para que el juez pueda saber qué fue lo que realmente sucedió y pueda emitir una sentencia.
Los analistas consultados también señalaron que consideran que todas las instituciones de la cadena de justicia se prestan para que se armen estructuras y redes que pretenden incidir para obtener algún beneficio, por lo que hay que tener mecanismos de profesionalización y evaluación de desempeño para poder identificar a esas personas.
“Dentro de la Defensa Pública Penal, si yo tengo conocimiento de una legalidad, iniciaré una investigación, y daré conocimiento al Ministerio Público” dijo Stalling.