La Convergencia por los Derechos Humanos se pronunció esta mañana por el atentado contra la vida de Yolanda Oquelí, el miércoles 13 de junio, reclamando al sistema de justicia investigar los ataques a defensores de derechos humanos y el inmediato esclarecimiento de este crimen, así como la identificación de los responsables y su procesamiento por esta acción delictiva.

La Convergencia exigió a la Procuraduría de Derechos Humanos una investigación profunda y un pronunciamiento sobre este hecho, así como de los antecedentes referidos a la violación a los derechos a un ambiente sano.

Señalando que tienen derecho “a la libertad de organización, manifestación, expresión del pensamiento y resistencia claramente garantizados en nuestro marco jurídico y violentado por las acciones en contra de las comunidades que protegen y defienden su territorio y con éste el derecho a la vida”.

Pidieron al gobierno de Guatemala una moratoria inmediata en todas las licencias de explotación minera, asimismo al Congreso de la República, que declare lesivos a los intereses del país, los contratos establecidos sin consulta con las comunidades y sin respeto de su voluntad de no llevarlos a cabo, entre el daño irreversible al ambiente.

Además, requirieron que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), realice una investigación en donde identifique y desmantele a las estructuras ilegales encubiertas como servicios particulares o privados de seguridad.

 “Estas estructuras funcionan al servicio de empresas privadas y cometen acciones de sicariato, amenazas e intimidación en contra de defensores de Derechos Humanos en particular quienes defienden el derecho a un territorio libre de amenazas al ambiente”, aseguraron.

Indicaron que se encuentran abiertos a un diálogo para discutir y ver la manera cómo se llevan a cabo las peticiones y deficiencias que se tienen de estos conflictos.

Asimismo, varias organizaciones sociales señalaron que la represión de estos líderes y movimiento de resistencia constituyen un esquema en las estrategias contrainsurgentes que estuvieron presentes durante el conflicto armado interno.

Además, indicaron que estas acciones hoy se aplican contra comunidades que se oponen a un modelo de supuesto desarrollo basado en el despojo a los pueblos y la entrega de territorios y bienes naturales a empresas mineras, hidroeléctricas y plantaciones agroindustriales.

“Es inaceptable que el gobierno subsidie y promueva a este tipo de compañías mineras que pretenden imponer sus proyectos por medio de amenazas, intimidaciones y violencia contra mujeres y hombres que ejercen su legítimo derecho a la resistencia pacífica y legal frente a actividades extractivas que atentan contra la vida, la salud, el derecho a un ambiente sano y seguro”, señalaron dichas organizaciones.

Los Hechos
El miércoles 13 de junio a las 18:50 horas Yolanda Oquelí fue atacada a tiros cuando se conducía en su vehículo desde el plantón de La Puya hacia su casa en San José del Golfo, cuando dos hombres armados que tripulaban una motocicleta, le hicieron tres disparos de los cuales uno le acertó a la activista en el costado.

La víctima y tres líderes más denunciaron hace algunos días, en el Ministerio Público, que eran víctimas de amenazas de muerte. Ante lo ocurrido a Oquelí, la organización Madre Selva, exige a las autoridades garantizar su vida, y que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de este hecho.