El Congreso de la República, dentro de sus atribuciones constitucionales, eligió como Procurador de los Derechos Humanos al licenciado Jorge Eduardo de León Duque, hijo de mi inolvidable amigo Ramiro de León Carpio, lo cual, por supuesto, me llenó de satisfacción, no solo por este hecho particular, sino porque Jorge Eduardo fue desde patojo un muchacho sano, inteligente, estudioso y sobre todo, comprometido con una responsabilidad y preocupación muy suya sobre el tratar de hacer algo por el país y por su gente.
Ojalá que desde ese cargo pueda lograr y emular y seguir el ejemplo de su padre, quien destacó al frente de la institución que hoy le toca dirigir.
Más bien, en este artículo quiero hacer referencia a esa tarea difícil y llena de escollos que conlleva el ser Procurador de los Derechos Humanos, en un país como Guatemala en donde, lamentablemente, tales derechos solo han servido para lograr protagonismos, sacar plata de países babosos y lo que más se critica, el que supuestamente «se defiende a los delincuentes» y se olviden de la gente honrada». La cosa no es tan fácil.
No niego que, efectivamente han existido y existen personas y grupúsculos que se proclaman de la noche a la mañana como defensores de los derechos humanos, pero que en la práctica no conocen y saben nada de lo que es realmente la protección de esos sagrados derechos, y únicamente buscan sobresalir con ropajes de vanagloria y orgullo particularmente ante organismos internacionales plagados de burócratas y que desconocen también las normas elementales, tanto nacionales como extranjeras, como el caso, por citar un ejemplo, de una furibunda dizque defensora de esos derechos simplemente porque cité una parte del artículo 6o. de la Convención Interamericana (o Americana como le dicen) de Derechos Humanos que admite que la pena de muerte debe aplicarse solo en circunstancias muy graves y especiales y tras seguirse el debido proceso contra el imputado. Para esa furibunda defensora Satanás quedó chiquito ante esa revelación que no la inventé yo. Y así por el estilo andan muchos.
En lo personal hay valores humanos que deben ser tutelados, protegidos y defendidos no solo por el Estado, sino por la población, que doctrinariamente es parte del mismo Estado, ni tampoco debe «focalizarse», como dicen los economistas, en uno o dos aspectos como el derecho a la vida, que no por ser el de mayor importancia sea menos que el derecho a la paz y la dignidad de un ciudadano que se ve atropellada día a día en cada gesto de odio, en cada maltratada, en cada indiferencia hacia los más débiles, en el menosprecio y burla a quienes somos discapacitados o viejos (de la tercera edad dicen), o el niño que es abusado en su escuela por otros niños y con la complacencia o al menos el consentimiento de sus maestros que por cierto, hacen huelgas cuando les da la gana violando los derechos de los alumnos y la libre locomoción de miles de guatemaltecos porque se les dio la gana a ellos o a cualquier Perico de los palotes hacer «su manifestación» para reclamar ¡precisamente! sus «derechos». ¡Ve que de al pelo!
Pero dejemos eso por un lado, lo más grave y que yo sepa nadie se ha dado cuenta fuera de decir que no respetamos la Constitución o que la Constitución nos la pasamos por el arco del triunfo o como dijo el miércoles un rarísimo diputado que sus colegas habían arrancado las hojas de la Constitución y después se habían limpiado con ellas (ustedes ya saben qué).
Bueno, solo por dar una idea de lo que ocurre y según mi particular punto de vista, analicé someramente los 134 artículos constitucionales que se refieren a los DERECHOS HUMANOS, de las personas, diría yo, pues los constituyentes pusieron como «capítulo único» los dos primeros artículos que si se cumplieran, los demás sobrarían, y los DERECHOS SOCIALES (en donde hay metidos algunos que debían estar en otro lado, como el de la Junta Monetaria que de social solo tienen las buenísimas dietas que actualmente devengan).
Pues bien, al hacer una comparación con nuestra realidad y los artículos en referencia, encontré que solo el 23.2% de ellos se cumplen y de ellos, el 15 por ciento de los 46 de los derechos humanos, aparentemente, según la visión de muchos, al cumplirse, sirven para favorecer al «delincuente» y baste mencionar algunos: el 15 que contiene el principio universal de la no irretroactividad de la ley; el 16, que en lo penal nadie puede declarar contra sí mismo y sus parientes así sean ladronotes o asesinos; el 18 de la pena de muerte que, gracias a él, ésta ya no se aplica en Guatemala; el 27, del tradicional derecho de asilo que protege a extranjeros o guatemaltecos al decir que son perseguidos políticamente, cuando lo menos que hicieron fue robarse todo lo que pudieron; el 37 sobre la Personalidad jurídica de las iglesias que es absolutamente discriminatorio y que recetó exonerar de todo tipo de impuestos a las iglesias, religiones, cultos y usted… pare de sufrir.
Como ven, pues, no es culpa del Procurador o los Procuradores el que se proteja a delincuentes aunque se trate de jovencitos entre los 12 y 17 años 11 meses y veintinueve días que hayan asesinado a una madre y su hija, o desmembrado a una mujer, como acostumbran los mareros porque los pobres son menores de edad, fíjese usted. Ya ve pues que como dice un ilustre personaje «la ley es la ley». Y no es que me oponga a estos y otros artículos que están en casi todas las legislaciones del mundo, es simplemente el deseo de mostrar que la realidad de las leyes en que se funda un Estado pueden ser un arma de dos filos pero, que, aunque no guste, todos tienen derechos inalienables que no pueden ser borrados de un plumazo, incluso por congresos cuyo cociente intelectual es de dudosísima reputación.
Estas líneas nos dan una idea de que la labor del Procurador de los Derechos Humanos debe ser comprendida y posiblemente más divulgada, para que se entienda que sus funciones no las realiza a título personal, sino como mandatos de la misma ley. Lo ideal, y con Jorge Eduardo espero que así sea, es que TODOS LOS DERECHOS HUMANOS SEAN MEDIDOS CON LA MISMA VARA YA QUE NO CORRESPONDE A UNA INSTITUCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EL JUZGAR Y CONDENAR A UN DELINCUENTE, PARA ESO ESTÁ LA «JUSTICIA» PENAL.
La labor del nuevo Procurador, en los actuales momentos será ardua y difícil. Un magistrado de conciencia debe ser IMPARCIAL en todo momento, estar VIGILANTE ante los abusos, no solo del Estado, sino de los propios particulares y sobre todo DENUNCIAR no solo en medios de comunicación, sino cuando el caso lo amerite, en los TRIBUNALES DE JUSTICIA, en donde por cierto, podría empezar su labor para que en verdad, de verdad, la justicia llegue a todos por parejo, y la corrupción y la impunidad terminen su vida en los próximos años.
Confío en la capacidad, honestidad y valentía de Jorge Eduardo de León y estoy seguro que su padre estará a su lado para guiarlo siempre.
¿Y EL ALCALDE DE ANTIGUA? Ni doña Roxana, ni Otto Pérez, ni el MP, ni los tribunales, ni los antigüeños, pueden contra Supermario Vivar, alcalde de Antigua. ¿Tan difícil es declarar con lugar un antejuicio y llevarlo al Gran Pavo?… Y no solo él, hay denuncias contra ACTUALES FUNCIONARIOS que han aparecido en la prensa con evidencias razonables para al menos investigarlos.