Fundación Sobrevivientes se presentó esta mañana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde señaló al Inacif y a su directora de manipular las pruebas en el Caso Siekavizza.
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En la Sala de Vistas de la CSJ, el Consejo Directivo del Inacif se encontraba realizando las entrevistas y escuchando los planes de trabajo de los aspirantes al puesto de director del instituto. Afuera, Norma Cruz, directora de Fundación Sobrevivientes, acompañaba a representantes de tres casos en los que señalan que la institución forense no ha actuado con objetividad y eficiencia.
Cruz dio a conocer una arista del Caso Siekavizza, la cual ya tiene denuncia penal en el Ministerio Público, donde una persona, de la cual no se supo su nombre por razones de seguridad, señala manipulación en los peritajes del instituto.
Dicha persona indica que laboró en el Inacif durante cuatro años, primero en la Unidad de Ciencias Forenses, luego en la Sección Criminalística en el área de Toxicología.
De acuerdo con la información, él era encargado de asignar los casos a los peritos. Desde ese puesto, según indica, se dio cuenta de las anomalías en la institución, razón por la cual presentó una denuncia en contra de Miriam Ovalle de Monroy, actual directora, en el Tribunal de Honor del Colegio de Farmacéuticos de Guatemala.
Entre las anomalías que esta persona denunció, dijo que la “directora coacciona a los peritos para cambiar los dictámenes que allí se informan. Tengo información de un caso específicamente, del Caso Siekavizza, ya que cuando el MP solicitó un luminol en la casa de la escena, fue positivo y se enviaron indicios al Inacif, y ella (Ovalle), indicó tajantemente que el resultado de esas evidencias fue negativo”.
Asimismo señala que junto a la denuncia en el Ministerio Público, también se presentó una en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
De acuerdo con Rothman Pérez, abogado de la fundación, sostuvo una reunión con el fiscal del Caso Siekavizza, Héctor Canastuj, quien le indicó que ya se están realizando las investigaciones pertinentes.
María Fernanda Gallegos, de Voces por Cristina, también se presentó e indicó que esta denuncia es un caso más que se suma a la pila de procesos que se han visto afectados por el tráfico de influencias, señalando directamente a Miriam Ovalle.
Actualmente Ovalle busca ser reelecta en la institución forense.
CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS
La Fiscalía Especial para la investigación del Caso Siekavizza sostuvo una reunión con Fundación Sobrevivientes, querellantes adhesivos en el caso.
De acuerdo con Rothman Pérez, el fiscal Héctor Canastuj les informó que la próxima semana se estarán realizando allanamientos en Morazán, municipio del departamento de El Progreso, en busca de probables lugares de enterramiento.
“Desde que se empezó a desarrollar la investigación, los indicios, en el entendido de la comunicación telefónica, la activación de celdas y recorrido del GPS instalado en el automóvil de Roberto Barreda, siempre han orientado hacia dicho municipio como una de las áreas principales de búsqueda” señaló Pérez.
En cuanto a la ubicación de María Mercedes y Roberto, los hijos de Cristina, Pérez indicó que la búsqueda continúa y que cada vez más incluyen a la población, la que de manera voluntaria ha repartido volantes en diferentes puntos del país.
El lunes 21 de mayo, Sobrevivientes recibió información confidencial que señalaba que, por tercera vez, Roberto Barreda había sido visto junto a sus hijos, en Panamá, en un centro turístico, a dos horas de la capital del país.
Según Pérez, se descartó la información específica de haberlo visto ese día; sin embargo “no se descarta que probablemente pueda ser uno de los países destino” concluyó.
Otros casos
Fundación Sobrevivientes también dio a conocer tres casos más en donde señalan deficiencias en el instituto forense.
Uno de ellos es el caso de la muerte de Ruth Noemy Elías Top, ocurrida el 09 de agosto del 2009, en la zona 5 de este departamento. De acuerdo con las investigaciones, el cadáver de la joven de 17 años fue encontrado decapitado, con algunas extremidades cercenadas y los genitales mutilados.
En este hecho, Francisco Chocoj fue encontrado culpable y sentenciado a 30 años de prisión y Q25 mil, por responsabilidades civiles.
No obstante, pese a que el cuerpo de la menor fue identificado, se enterró como equis equis y el Inacif no ha realizado la exhumación para entregarle los restos a sus familiares.
Otro caso que fue dado a conocer esta mañana, es el de la muerte de Rosemary González Chajón, de 18 años.
Elizabeth Chajón, madre de la víctima, indicó que su hija desapareció el 3 de junio del 2008 cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. Su cuerpo fue encontrado 67 días después, dentro de la Escuela de Nacional de Agricultura (ENCA).
La familia y la fundación alegan que, cuatro años después, el Inacif no ha logrado determinar la causa de la muerte de Rosemary.
También informaron del caso Gia Karlotta Bernadette Barrios Pinott, de 13 años. Según Fundación Sobrevivientes, la menor fue víctima de abusos físicos y sexuales, desde los 10 años, cuando quedó bajo la custodia de su padre.
En dicho caso, el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango absolvió al sindicado, al no encontrar indicios suficientes en la investigación del MP; a lo que la fundación alega que pese a que se hicieron nueve ampliaciones al dictamen médico forense de la menor, el Inacif fue incapaz de ser concluyente.