Algunos diputados y sociedad civil temen que existan modificaciones al proyecto y con ello quede en entredicho la voluntad del Legislativo en combatir la corrupción.

La ley contra el enriquecimiento ilícito ahora conocida como ley contra la corrupción superó su primer obstáculo al lograr ser incluida en la agenda legislativa del próximo martes. Sin embargo, aún debe enfrentar la dificultad más grande: no sufrir modificaciones  que pongan en riesgo su objetivo.

Algunos diputados no disimulan su miedo a que algunas agrupaciones presenten enmiendas de curul para que la ley pierda su razón de ser. “El temor lo mantenemos, ya que técnicamente existen las enmiendas de curul las cuales permiten a los diputados sustituir artículos hasta en un 25 por ciento de la ley”, señaló el presidente de la Comisión Legislativa por la Transparencia, Amílcar Pop.

Igual percepción maneja el jefe de bancada de Encuentro por Guatemala, Leonel Lira “Algunos pueden esperar hasta el último momento para presentar modificaciones que hagan perder el espíritu de la ley”. El mayor riesgo es que el proyecto sufra más del 25 por ciento de cambios que obliguen a regresarla a la comisión para un nuevo análisis.

Algunos son más optimistas y consideran que el consenso existe, al menos así lo cree el jefe de bancada de la UNE, Mario Taracena “Creo que ya se hicieron las observaciones que se tenían y existe un acuerdo para que se pase así como está”. El proyecto que busca combatir la corrupción lleva más de 10 años de discusión por lo que los distintos proyectos fueron unificados para incluir delitos que alcancen tanto a funcionarios como a contratistas del Estado.

Jaime Martínez, de la Gran Alianza Nacional y Jorge Mario Barrios del Bloque Independiente, ambos ponentes de los proyectos que se incluyeron en el dictamen esperan que se respete el proyecto tal cual para que se concluya finalmente con su aprobación.

“Es una ley ampliamente discutida y tiene el espíritu para lo que tiene que ser utilizada”, resaltó Barrios. En tanto, Jaime Martínez, de la Gana, manifestó que “ya se analizó y apoyamos el proyecto como esta”, reiteró.

Sin embargo, el temor también existe en la sociedad civil, Acción Ciudadana, por ejemplo, considera que algunos puntos como la inclusión de los contratistas es un punto sensible debido a la presión del sector privado, reconoció David Gaitán.

Al momento, se menciona que el Bloque oficial podría estar preparando algunas modificaciones, pero hasta el momento el tema no ha sido discutido en voz alta por parte de esa agrupación.

¿Qué contempla la ley?

La ley contra la corrupción fue dictaminada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales semanas atrás. El proyecto establece el delito de enriquecimiento ilícito con penas de prisión de cinco a diez años y multas que alcanzan los Q500 mil para los funcionarios que incrementen su patrimonio con recursos del Estado.

El delito también alcanza a contratistas del Estado y establece penas de prisión de cuatro a ocho años y multas que oscilan entre los Q50 mil a Q500 mil. El proyecto contempla la figura del testaferro y tipifica el tráfico de influencias, abuso de autoridad y malversación, entre otros delitos.