El gobierno de Guatemala declaró colapso total en la infraestructura de las prisiones del país debido a que están saturadas y carecen de las condiciones mínimas para la reclusión de miles de reos que purgan sus sentencias hacinados.
«Todos los centros para varones están sobrepoblados, la infraestructura está en franco deterioro, los sistemas de seguridad están obsoletos y la nueva Ley del Sistema Penitenciario es inaplicable en estas condiciones. Por eso decretamos el colapso», afirmó la directora de presidios, Margarita Castillo.
Esta constatación la hizo Castillo en la primera inspección que realizó a los 12 centros de reclusión para hombres, tras su nombramiento como directora del Sistema Penitenciario, por la ministra del Interior, Adela de Torrebiarte.
Aseguró que todos los centros están sobrepoblados, pero el que está en peores condiciones es el del departamento de Izabal (noreste), donde la población duplica la capacidad del penal. Le siguen el de Chimaltenango (oeste) con el 115% de hacinamiento y Zacapa (este) con un 96%.
Ante ello, la funcionaria hizo un llamado urgente para invertir en el sistema penal pues las condiciones en las que se encuentran los reclusos son precarias, lo que impide aplicar la nueva Ley penitenciaria.
El Congreso aprobó el 8 de septiembre la primera Ley del Sistema Penitenciario en la historia de esta nación, que establece tres tipos de cárceles, crea la carrera para guardias penitenciarios y establece áreas para esparcimiento que ayude a la rehabilitación.
Además, demandó recursos para construir al menos cuatro prisiones para paliar la crisis, dos preventivas, una de cumplimiento de condena y otra de máxima seguridad. Una de ella para albergar a los miembros de las temibles pandillas juveniles.
En Guatemala actualmente hay tres cárceles consideradas de máxima seguridad, no obstante la corrupción que impera en todas las prisiones del sistema penitenciario hace que lo reos tengan control de las mismas, consideradas un brazo del crimen organizado.
Aunque son frecuentes los motines violentos, el suceso que conmocionó a la población guatemalteca fue la ejecución, el 25 de febrero, en el interior de una cárcel de máxima seguridad de cuatro policías acusados de asesinar seis días antes a tres diputados salvadoreños y su chofer.
Según la versión policial, el asesinato de los policías, que fueron degollados y rematados a balazos en la cabeza, fue perpetrado por pandilleros juveniles y pagados por miembros del crimen organizado.
La crisis del sistema penitenciario también vino a caer como agua fría al candidato presidencial del partido oficial, Alejandro Giammattei, pues su paso por la dirección de presidios le valió el nombramiento para buscar la primera magistratura el 9 de septiembre.
Giammattei aseguró en diciembre que había recuperado el control de las prisiones más importantes del país, las cuales estaban en poder del crimen organizado desde 10 años antes.