La semana que hoy termina fue abundante en noticias y comentarios para reformar la Constitución. Y, al parecer, la tendencia se potencializa cuando es una autoridad la que lanza la idea. El problema consiste en que quiera hacerse una reforma por el solo hecho de protagonizar, sin que la misma esté bien fundamentada y pretenda resolver los graves problemas que afronta el país.
Lic. Mario Pérez Guerra (*)
De allí, la cordura de varios columnistas y especialistas en el tema de que, antes que se entre a realizar cualquier reforma constitucional, se haga un debate científico-político de altura para entrar a una reforma que propicie no sólo el fortalecimiento de los valores democráticos, sino ponga las bases para tener un Estado moderno.
¿Qué pretende una reforma constitucional? ¿Cuál es la expectativa que tiene la población acerca de una reforma constitucional? La población necesita alimentación, salud, educación, seguridad, trabajo, entre otras necesidades. Satisfechas las mismas o con perspectivas ciertas de satisfacción, disminuirá la violencia, el crimen, la desnutrición, el analfabetismo, la inseguridad, etc…
Con estas premisas tan sencillas, ¿Cree usted que con disminuir el número de diputados, con ampliar las horas para realizar allanamientos, con que el Fiscal General sea designado por el Congreso de la República, con que se incluya a la Policía Nacional en la Constitución, con que se realicen elecciones parciales de los diputados, con que se elija a los gobernadores, con que haya magistrados vitalicios, entre otras reformas, disminuirá la violencia, el crimen, la desnutrición, el analfabetismo, la inseguridad, etc…? Creo que no. Algunas reformas son beneficiosas para el país, pero insuficientes para disminuir las situaciones enumeradas que es, en última instancia, el objetivo esperado por la población.
Todas las reformas propuestas están dirigidas a recomponer las competencias de los organismos del Estado; están dirigidas al “ser” del Estado, pero las mismas son insuficientes para fortalecer los valores democráticos e imponer las bases de un Estado moderno. En consecuencia, dentro de cuatro años y habiendo gastado millones de quetzales en la reforma, de nuevo, estaremos igual o peor que en la actualidad.
Debido a lo anterior, estimo que las reformas constitucionales no deben dirigirse al “ser” sino al “quehacer” del Estado, categorías totalmente diferentes. Y, cuando hablo del “quehacer” del Estado me estoy refiriendo concretamente a los “Principios y Políticas Públicas de Estado” que son materia constitucional ya que los mismos deben devenir de un gran pacto político-jurídico de decisión superior del Estado, ser de mediano y largo plazo y trascender los diferentes gobiernos que se sucedan unos a otros. Esas políticas públicas de Estado deben estar dirigidas al Patrimonio Natural, a la Sociedad y al ejercicio del poder, elementos constitutivos del Estado en sus acepciones de territorio, población y gobierno. Las políticas públicas de Estado deben partir de principios que reflejen la Visión de Nación. No deben confundirse estas políticas con las políticas públicas de gobierno que son materia del derecho administrativo y corresponden a cada uno de los gobiernos que se sucedan unos a otros.
¿Debe lo anterior ser parte de la Constitución o se atreverá el Estado de Guatemala a hacerse moderno mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para que decrete una quinta ley constitucional cuyo contenido sean, precisamente, los Principios y Políticas Públicas de Estado? Existe ya esta propuesta que está circulando. Véala completa en www.dialogoconstitucional.org o busque en la red Quinta Ley Constitucional.
Guatemala, 3 de junio de 2012.
(*) Abogado y Notario, Profesor de Derecho Constitucional, Magistrado de la Corte de Constitucionalidad período 2006-2011 y Presidente de FCG.